Más de 3 millones de horas extras semanales quedaron sin compensación económica en el segundo trimestre, marcando el nivel más alto desde que comenzó el registro de esta métrica en 2011. El total de horas extra alcanzó 7.18 millones semanales, representando un incremento del 2.48% respecto al mismo período del año anterior, pero lo más preocupante es que el 43% de este volumen no fue remunerado, evidenciando un desequilibrio creciente en la relación entre trabajo y compensación.
Este crecimiento se explica principalmente por un aumento del 9.6% en horas no pagadas, que llegaron a 3.09 millones semanales, mientras que las horas retribuidas disminuyeron un 2.3% hasta 4 millones. Comparado con el trimestre anterior, el incremento total de horas extras fue del 21%, con alzas del 20% en horas pagadas y del 23% en no pagadas, reflejando la estacionalidad del mercado laboral que intensifica la actividad en el segundo trimestre. Estos datos revelan una tendencia estructural: aunque hay más trabajo disponible, la proporción de compensación no acompaña el crecimiento de la demanda laboral.
Sectorialmente, la industria concentra la mayor cantidad de horas extras con 976,000 semanales, de las cuales 703,000 son remuneradas. Las actividades sanitarias ocupan el segundo lugar con 947,300 horas, mayormente pagadas (806,000). Sin embargo, la hostelería y especialmente el sector educativo presentan patrones preocupantes: la hostelería tiene 698,200 horas de las cuales solo la mitad recibe compensación, mientras que educación registra 682,200 horas con un alarmante 84% sin remunerar (588,900 horas). El 62% de todas las horas no pagadas se concentra en seis sectores: educación (19%), hostelería (12%), industria manufacturera (9%), comercio (8%), actividades profesionales (8%) y administración pública (8%).
Esta situación ha impulsado al Ministerio de Trabajo a proponer una reforma integral del registro horario, aunque su implementación enfrenta obstáculos significativos. El Consejo de Estado expresó preocupaciones sobre el acceso a datos personales por parte de la Inspección de Trabajo y la protección de esa información, complicando el avance normativo. Además, la patronal se opone argumentando que la reforma implicaría nuevas cargas administrativas y operativas para empresarios. Como solución intermedia, se ha sugerido un período de adaptación de un año para pequeñas y medianas empresas a partir de la entrada en vigor de la normativa, aunque las negociaciones continúan sin resolución definitiva.
