Esquemas sofisticados de evasión fiscal operaron durante casi dos décadas en propiedades comerciales británicas, aprovechando un vacío legal que permitía a propietarios reducir sus obligaciones tributarias de manera sistemática. En el corazón del distrito financiero de Londres, edificios como el 2 America Square albergaban pilas de cajas negras sin descripción alguna, no como inventario operativo sino como mecanismo para reclamar períodos de exención fiscal. Este fenómeno, conocido como "traslado de cajas", se convirtió en una industria próspera tras los cambios regulatorios de 2008, cuando el gobierno laborista eliminó descuentos para propiedades vacantes pero permitió exenciones de tres meses al finalizar arrendamientos.

La mecánica del esquema era simple pero efectiva: al término del período de exención, empresas especializadas en "mitigación de tasas" trasladaban cajas al espacio vacío, las retiraban después de seis semanas y reiniciaban el ciclo, permitiendo reclamar otra exención de tres meses. Este proceso permitía a propietarios reducir obligaciones fiscales hasta un 67% mientras buscaban inquilinos a largo plazo. Desde la pandemia, las solicitudes de alivio por propiedades vacías se duplicaron, costando a un consejo de Londres aproximadamente £35 millones anuales. Una empresa especializada en estos servicios afirmaba haber ahorrado a sus clientes £500 millones en tasas para 2021, operando como el "proveedor más grande y confiable" del Reino Unido en esta práctica.

Un fallo histórico de tres jueces de la Corte de Apelaciones ha puesto fin a esta práctica tras el caso presentado por la Corporación de la Ciudad de Londres. Los magistrados determinaron que el esquema "no puede considerarse ocupación beneficiosa", revirtiendo decisiones anteriores de la Alta Corte que habían permitido la práctica argumentando que si la legislación establecía límites claros, las empresas podían organizarse para cumplirlos. El caso involucraba a una empresa arrendataria que pagó £27.6 millones por un edificio y contrató servicios especializados para ahorrar £111,475.30 en tasas durante varios períodos. Esta sentencia marca un punto de inflexión en la interpretación judicial sobre qué constituye ocupación legítima de propiedad comercial y cierra una brecha regulatoria que costó al fisco británico más de £1,000 millones durante su vigencia.