Medir cómo distribuyen su tiempo las personas entre trabajo remunerado, tareas domésticas, cuidado y ocio se ha convertido en una prioridad estratégica para gobiernos latinoamericanos que buscan visibilizar la economía invisible. Guatemala inicia en septiembre el primer operativo integral de este tipo, desplegando cerca de cien encuestadores en 11,200 hogares seleccionados mediante esquemas probabilísticos y estratificados.
Este tipo de encuestas nacionales de uso del tiempo responde a una necesidad creciente en la región: cuantificar el aporte económico y social de actividades que generalmente no reciben remuneración. Según análisis de organismos internacionales, el trabajo doméstico y de cuidados representa entre 10% y 16% del PIB en economías latinoamericanas, pero permanece invisible en las mediciones tradicionales de empleo. La encuesta recopilará datos sobre tiempo dedicado a trabajo remunerado, producción para autoconsumo, labores domésticas, cuidado de menores y personas mayores, estudios, recreación y voluntariado. Esto permitirá identificar variaciones significativas según sexo, edad y geografía, revelando patrones de desigualdad en la distribución del trabajo no remunerado que típicamente recae en mujeres.
Aunque Guatemala ha realizado módulos previos sobre este tema en investigaciones como la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) y la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos Continua (ENEIC), este es el primer esfuerzo exhaustivo y dedicado. Países como México, Colombia y Chile han implementado encuestas similares en años recientes, generando datos que han informado políticas de licencia parental, subsidios de cuidado y redistribución de cargas laborales. Los resultados de Guatemala serán fundamentales para diseñar políticas públicas en empleo, desarrollo socioeconómico y sistemas de cuidados basadas en evidencia.
Desde una perspectiva de transformación institucional, estas encuestas representan un cambio en cómo los gobiernos conceptualizan la productividad y el bienestar. Al reconocer el trabajo no remunerado como parte del sistema económico, las administraciones pueden diseñar intervenciones más precisas: desde infraestructura de cuidados hasta ajustes en sistemas tributarios y de pensiones. Para estrategas de política pública, estos datos se convierten en herramientas para evaluar el impacto real de programas sociales y detectar brechas de género que afectan tanto la participación laboral como la acumulación de capital humano en generaciones futuras.
