Proyectos de infraestructura deportiva de gran envergadura en América Latina enfrentan un patrón recurrente de retrasos administrativos que ponen en riesgo sus fechas de entrega. Un caso representativo es el de un estadio icónico en Bogotá que, a pesar de contar con financiamiento a través de Alianzas Público-Privadas (APP) y licencias de construcción otorgadas, aún no ha iniciado sus obras formales debido a la falta de aprobaciones complementarias.
El proyecto contempla la demolición de la estructura actual y la edificación de un complejo multifuncional que incluirá áreas deportivas, comerciales, culturales y de entretenimiento, con un costo estimado de dos billones de pesos. La concesión fue firmada en junio de 2024, y la fase de preconstrucción comenzó en octubre de ese mismo año con una duración inicialmente proyectada de 12 meses. Sin embargo, en agosto de 2025 se solicitó una extensión a 16 meses, evidenciando los desafíos que enfrenta el proyecto. El estancamiento actual se debe a que aún no se cuenta con la aprobación del Plan de Manejo de Movilidad, un requisito crucial para avanzar a la fase constructiva formal.
Este caso ilustra un desafío estructural en la gestión de grandes obras públicas en la región: la desconexión entre los anuncios políticos de inicio de construcción y la realidad de los trámites administrativos. Aunque la licencia de construcción definitiva fue otorgada a finales de mayo tras resolver objeciones legales de terceros, tres meses después la construcción formal seguía sin iniciarse. Las actividades preliminares, que incluyen demoliciones, adecuaciones del terreno y desconexiones de servicios públicos, se encuentran en fase final, pero la empresa concesionaria aún debe cumplir con exigencias de autoridades locales antes de avanzar.
Desde la perspectiva de gobernanza, el cronograma de 22 meses para la construcción presenta un margen muy limitado en relación con la fecha de entrega contractualmente establecida. Los tomadores de decisiones enfrentan un escenario donde los compromisos públicos iniciales se erosionan por la complejidad de los procesos administrativos previos. Este patrón refleja una brecha común en proyectos de infraestructura de APP en mercados emergentes: la subestimación del tiempo requerido para obtener aprobaciones complementarias más allá de la licencia principal, incluyendo planes de movilidad, gestión ambiental y coordinación interinstitucional.
