Captura y almacenamiento de carbono (CCS) ha dejado de ser especulación tecnológica para convertirse en operación comercial. Europa acaba de inaugurar su planta más grande, mientras que el número de instalaciones comerciales a nivel mundial casi se ha triplicado desde 2020, cuando apenas existían 26 en funcionamiento. Sin embargo, esta expansión inicial contrasta drásticamente con las necesidades reales: el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas estima que será necesario almacenar entre 350 y 1,200 gigatoneladas de CO2 durante este siglo para evitar los efectos más severos del calentamiento global.
Mecánicamente, el proceso es directo. El CCS captura dióxido de carbono en su fuente de emisión —chimeneas industriales, plantas de amoníaco, instalaciones de generación de energía— comprime el gas y lo transporta mediante tuberías o ferrocarril hacia formaciones geológicas, acuíferos o antiguos yacimientos petroleros donde se almacena permanentemente. Esta tecnología tiene raíces profundas: desde la década de 1960, las compañías petroleras inyectaban CO2 en campos para mejorar la extracción de crudo. Lo que ha evolucionado es su aplicación deliberada como estrategia climática, no como subproducto industrial. Paralelamente, existe el retiro directo de dióxido de carbono (CDR), que extrae CO2 ya presente en la atmósfera mediante tecnologías distintas pero con capacidad de almacenamiento similar.
Pero aquí emerge el cuello de botella real: financiamiento e incentivos políticos. Los defensores de la ampliación argumentan que el obstáculo principal no es técnico sino económico. Sin un precio al carbono establecido o incentivos fiscales robustos, los inversionistas carecen de motivación para financiar plantas cuyo costo operativo sigue siendo significativamente superior al de energías renovables, que han demostrado ser cada vez más competitivas por sí solas. Esto genera un círculo vicioso: sin volumen de producción, los costos no disminuyen; sin reducción de costos, la inversión privada no llega.
Expertos advierten que la experiencia comercial necesaria para demostrar que estos procesos son escalables, rentables y operativamente sencillos aún no se ha consolidado. La tecnología existe y funciona, pero permanece en etapas tempranas de maduración comercial. Su futuro dependerá menos de innovación técnica que de decisiones políticas sobre subsidios, regulación de emisiones y marcos de inversión a largo plazo. Sin esa voluntad política traducida en recursos, la brecha entre capacidad disponible y capacidad requerida seguirá ampliándose.
