Proyectos de transporte masivo subterráneo en ciudades latinoamericanas enfrentan un replanteamiento en sus modelos de licitación tras fracasos en convocatorias anteriores. Este fenómeno refleja una tendencia más amplia: la necesidad de rediseñar procesos de precalificación, transparencia en conflictos de intereses y atracción de consorcios internacionales calificados.
Un caso representativo es la reactivación de licitaciones para líneas de metro con presupuestos superiores a 30 billones de pesos (aproximadamente 7.5 mil millones de dólares en precios constantes). Estas convocatorias, que previamente quedaron desiertas por desistimiento de proponentes, ahora incorporan estrategias de promoción internacional más agresivas, incluyendo diálogos competitivos con empresas de Norteamérica y Europa, así como contactos diplomáticos a través de embajadas. El proceso anterior registró cuatro grupos proponentes iniciales, pero dos fueron descalificados por organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) debido a conflictos de intereses, dejando solo dos grupos habilitados.
La nueva fase de estas licitaciones establece un modelo de dos etapas: primero, precalificación basada en requisitos jurídicos, financieros y de experiencia; segundo, presentación de propuestas económicas, cronogramas de ejecución y programas de construcción. Este enfoque busca filtrar desde el inicio a consorcios sin capacidad real de ejecución, un problema que afectó convocatorias anteriores. Los proyectos en cuestión incluyen infraestructura subterránea de 15.5 kilómetros con 11 estaciones, donde 10 estarán bajo tierra y una será elevada, con plazos de adjudicación esperados para el primer trimestre y ejecución a partir del segundo semestre.
Para estrategas corporativos y directivos de infraestructura en México y América Latina, esta tendencia señala oportunidades emergentes en sectores de construcción pesada, ingeniería especializada y financiamiento de proyectos de largo plazo. Los cambios en precalificación también indican que organismos multilaterales están ejerciendo mayor escrutinio sobre conflictos de intereses y concentración de proveedores, lo que abre espacios para consorcios diversificados y con experiencia comprobada en mercados regulados. La cofinanciación público-privada, establecida mediante convenios entre gobiernos locales y nacionales desde 2023, se consolida como modelo de viabilidad financiera para proyectos de esta escala.
