Leandro Santoro ha presentado una iniciativa para regular la cobranza extrajudicial, en respuesta a las crecientes denuncias de hostigamiento por parte de personas endeudadas. Este proyecto, que se discute en la Legislatura porteña, busca abordar una problemática que a menudo queda oculta en las estadísticas: el acoso que enfrentan los deudores una vez que cesan sus pagos. A raíz de testimonios de deudores que han experimentado situaciones de hostigamiento, Santoro ha propuesto establecer un marco regulatorio que defina responsabilidades claras para las entidades involucradas en la cobranza de deudas. Como presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Santoro ha enfatizado la necesidad de crear un registro para las agencias de cobranza, lo que permitirá identificar quién está reclamando una deuda, en representación de quién y bajo qué condiciones. Actualmente, se estima que hay 275 sociedades registradas ante ARCA dedicadas a la cobranza extrajudicial, un grupo que también incluye estudios jurídicos y departamentos de cobranza de bancos y comercios. La propuesta contempla más de 50 artículos que establecen un régimen específico de inscripción y control para estas entidades. Un aspecto crucial de la iniciativa es la obligación de contar con un abogado matriculado responsable en cada área de cobranza, ya sea en empresas o agencias que actúan en nombre de terceros. Además, la iniciativa busca reformar el sistema de sanciones existente. Santoro ha señalado que, aunque ciertas conductas están prohibidas, las herramientas para sancionarlas son insuficientes. Entre estas conductas se encuentran el contacto con familiares del deudor, llamadas en horarios inapropiados, simulación de notificaciones judiciales y el envío de cartas documento falsas. La propuesta incluye la imposición de multas y la posibilidad de suspender o inhabilitar a las empresas que incurran en incumplimientos. El problema se agudiza cuando las deudas son transferidas entre entidades. Santoro ha explicado que los bancos pueden vender carteras de deudas a terceros por una fracción de su valor, lo que puede dejar a los deudores en una situación confusa al enfrentar a una nueva agencia de cobranza sin claridad sobre quién es su nuevo acreedor. Durante las discusiones, se han presentado casos que ilustran la gravedad de la situación. Un ejemplo mencionado fue el de una persona que pagó una suma considerable por una deuda atribuida a una tarjeta que nunca activó, lo que refleja la presión que enfrentan los deudores y sus familias. Santoro considera que este tipo de situaciones deben ser abordadas de manera explícita en la regulación propuesta, para proteger a los consumidores y garantizar prácticas justas en el proceso de cobranza.