Más de 44.5 millones de personas en México carecen de acceso a servicios de salud, una situación que se acentúa en el sureste del país. Simultáneamente, los resultados de pruebas internacionales muestran que el 41.8% del alumnado se sitúa por debajo del nivel básico en matemáticas, lectura y ciencias. Estas dos crisis convergen en un momento de restricción fiscal, obligando a decisiones sobre asignación de recursos que definirán la capacidad del Estado para garantizar cobertura universal en la próxima década.
Desde 2020, tras la pandemia de Covid-19, se ha observado un cambio estructural en cómo la población accede a atención médica. En 2024, el 57.6% de las personas con problemas de salud acudió a centros privados, mientras que el 40.6% lo hizo en instituciones públicas. Este desplazamiento refleja tanto la insuficiencia de oferta pública como la incapacidad de sectores vulnerables para financiar servicios privados. En paralelo, el mercado laboral muestra fragilidades que amplían la vulnerabilidad: al segundo trimestre de 2026, el 55.1% de las personas ocupadas se encontraba en la informalidad, y la participación laboral de las mujeres era del 45.9%, en comparación con el 74.1% de los hombres. Estas brechas de acceso a empleo formal limitan la capacidad de las familias para costear servicios de salud y educación de calidad.
Proyecciones de presupuesto para 2027 señalan destinos de 1.2 billones de pesos a salud (equivalente al 2.9% del PIB, con un aumento real del 12.7% respecto a 2026) y 576.6 mil millones a educación. Sin embargo, estos montos revelan una brecha estructural: el gasto en salud seguiría estando por debajo del 6% del PIB recomendado por la OPS/OMS para avanzar hacia cobertura universal en 2030. La Secretaría de Salud recibiría un incremento real del 4.8%, mientras que el IMSS-Bienestar tendría un aumento del 21.1%, reflejando una reorientación hacia modelos de atención descentralizados. En educación, los rezagos acumulados desde 2022 —cuando México mostró mejor desempeño en evaluaciones internacionales— exigen no solo incremento presupuestario, sino también cambios en modelo pedagógico y formación docente.
La tensión central no es solo fiscal, sino de modelo. Proteger servicios públicos de salud y educación para grupos vulnerables requiere garantizar acceso gratuito y de calidad, además de regular la proliferación de consultorios adyacentes a farmacias que se han convertido en la primera opción para muchas familias. Esto implica decisiones sobre regulación del sector privado, inversión en infraestructura pública y capacidad estatal para ejecutar gasto. En un contexto donde más de la mitad de la población ocupada opera en la informalidad y las brechas de género persisten en participación laboral, la inversión en capital humano no es un lujo contracíclico, sino una condición para ampliar la base tributaria y reducir presiones fiscales futuras. Estrategas de política pública enfrentan un dilema: incrementos presupuestarios insuficientes para cerrar brechas históricas, o reformas estructurales que redefinen el rol del Estado en provisión de servicios.
