Crecimiento económico sostenido requiere convergencia entre inversión pública eficiente e inversión privada dinámica. En Perú, esta ecuación se materializa con particular intensidad en regiones como Arequipa, donde la ejecución de presupuestos públicos y la cartera de megaproyectos mineros configuran un escenario de transformación infraestructural a mediano plazo.
Arequipa representa el 6% del producto bruto interno nacional y constituye la segunda economía regional del país. Durante el primer cuatrimestre de 2026, la región concentró el 16.7% de la inversión minera nacional, acumulando US$ 2,051 millones en inversiones del sector a nivel país. En el ámbito público, la región ha ejecutado el 60.8% de un presupuesto total de S/ 894.3 millones, desempeño que refleja una mejora significativa respecto a 2025, cuando se alcanzó una ejecución del 99.8%. Entre los proyectos desbloqueados destacan infraestructuras críticas como hospitales regionales y el puente Arequipa–La Joya, recientemente inaugurado.
La cartera de inversión minera en la región suma US$ 7,583 millones en proyectos de corto y mediano plazo. Los principales emprendimientos incluyen la ampliación de Cerro Verde (US$ 2,100 millones), Tía María (US$ 1,802 millones), Zafranal (US$ 1,900 millones) y Pampa de Pongo (US$ 1,781 millones). Estos proyectos operan bajo ciclos de ejecución que se extienden entre tres y cinco años, generando efectos multiplicadores en empleo, demanda de servicios y recaudación tributaria. A nivel nacional, la inversión privada mantiene un desempeño sólido, con crecimiento del 17.6% en el segundo trimestre de 2026 y una acumulación de dos años y medio de expansión ininterrumpida.
La modalidad de Asociaciones Público-Privadas (APP) emerge como mecanismo de financiamiento para megaproyectos regionales. Entre las iniciativas presentadas se encuentran Majes-Siguas II, la central fotovoltaica La Joya, el sistema SITGAS y el megapuerto de Corío. Esta última infraestructura portuaria representa un punto de inflexión para la logística de exportación regional, particularmente relevante dado que la minería concentra el 32% del PBI regional. El sector agropecuario, que se beneficia de la demanda creciente desde mercados asiáticos, y el sector energético, con oportunidades en energías renovables, diversifican las bases de atracción de capital privado más allá de la minería tradicional.
Condiciones macroeconómicas favorables —incluida la claridad institucional y la confianza de inversionistas— han mejorado el entorno para la canalización de capital. Sin embargo, la sostenibilidad de este ciclo depende de la capacidad de gestión pública para ejecutar inversiones en infraestructura social y productiva, y de la capacidad del sector privado para materializar proyectos dentro de cronogramas y presupuestos. Arequipa concentra señales de ambas dinámicas, posicionándose como laboratorio de cómo la convergencia entre inversión pública y privada puede reconfigurar competitividad regional.



