Ratificar una condena de 70 millones de pesos por graves deficiencias constructivas en una vivienda familiar marca un precedente relevante para el sector inmobiliario y de la construcción en América Latina. Así lo determinó la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial, luego de que un peritaje técnico revelara fallas críticas en vigas, columnas, losas, armaduras expuestas, filtraciones y mampostería deficiente en un inmueble ubicado en La Plata, Argentina. El tribunal concluyó que, sin estudios complementarios, no era posible garantizar la integridad estructural futura del inmueble, lo que fundamentó la indemnización por daño emergente y daño moral.
El caso, analizado por Entorno, expone una cadena de incumplimientos que va desde retrasos en la ejecución hasta una construcción que no alcanzó los estándares mínimos de seguridad. Uno de los puntos jurídicos más relevantes del fallo fue la extensión de la responsabilidad: los demandados argumentaron que la cónyuge no podía reclamar al no haber firmado el contrato original. La Cámara desestimó este argumento al determinar que el daño afectaba el patrimonio común del matrimonio y que la recepción de transferencias bancarias por parte de la codemandada evidenciaba una unidad de gestión. El tribunal se apoyó en el artículo 1716 del Código Civil y Comercial, que establece la obligación de reparar daños derivados de la violación del deber general de no dañar.
Para los tomadores de decisiones en el sector inmobiliario y de la construcción, este fallo subraya tres vectores de riesgo que merecen atención estratégica: la solidez de los contratos de obra, la trazabilidad de los flujos financieros entre partes vinculadas y la rigurosidad de los procesos de supervisión técnica durante la ejecución. En un entorno donde la demanda de vivienda formal crece en México y América Latina, la responsabilidad contractual y la calidad constructiva no son solo obligaciones legales, sino factores determinantes de reputación y continuidad de negocio. La tendencia judicial hacia la protección amplia de los consumidores en contratos de obra anticipa un escenario de mayor escrutinio para desarrolladores, constructores y profesionales del sector.
