Desde abril de 2027, las empresas en Colombia deberán transformar sus procesos de nómina, seguridad social y contratación como consecuencia de la Ley 2381 de 2024, la reforma pensional que la Corte Constitucional declaró mayoritariamente exequible y cuya implementación ya tiene fecha de inicio. Para los equipos de recursos humanos y finanzas corporativas, el reloj ya está corriendo.
Uno de los cambios más relevantes afecta directamente a quienes operan bajo contratos de prestación de servicios. Con el nuevo modelo, el contratante asumirá la responsabilidad de descontar de los honorarios el monto correspondiente a la cotización pensional y de ejecutar el pago al sistema, reemplazando el esquema actual en el que el trabajador independiente realiza este aporte de forma directa. Esto obliga a las organizaciones a rediseñar sus circuitos de pago, incorporar nuevos cálculos en sus sistemas de nómina y actualizar contratos y procesos administrativos, especialmente en empresas con alta proporción de contratistas. María Camila Ortiz, gerente de Servicios Legales de KPMG Law en Colombia, advirtió que "el fallo reduce una parte importante de la incertidumbre y traslada la conversación hacia la implementación", y subrayó que aunque abril de 2027 parezca lejano, la validación de información, el ajuste de parametrizaciones de nómina y la preparación de los procesos de aportes requieren tiempo.
Otro eje crítico de la reforma es la coexistencia de dos regímenes dentro de una misma organización. Las mujeres con 750 semanas o más cotizadas y los hombres con 900 semanas o más podrán acogerse al régimen de transición, mientras que el resto de los afiliados ingresará a la nueva estructura. Esta dualidad exige que las áreas de recursos humanos mantengan información actualizada y precisa sobre semanas cotizadas, ingresos y condiciones laborales de cada colaborador. Para Entorno, plataforma especializada en gestión de nómina y seguridad social, este escenario representa un punto de inflexión: las compañías que inicien hoy la revisión de su población laboral y la parametrización de sus sistemas estarán mejor posicionadas para cumplir con las nuevas disposiciones sin incurrir en contingencias legales o financieras.
