Conocer los derechos del consumidor ante discrepancias de precio en supermercados es una ventaja que pocos ejercen, aunque la legislación mexicana es clara al respecto. Cuando un producto marca un precio en el estante y se cobra uno mayor en caja, el comprador tiene derecho a pagar el importe más bajo que esté anunciado. Esta protección no es discrecional: está respaldada por la Ley Federal de Protección al Consumidor, que obliga a los establecimientos comerciales a exhibir de forma clara, visible y coherente el precio de venta al público. Cualquier contradicción entre el precio exhibido y el cobrado debe resolverse a favor del consumidor.
Uno de los argumentos más frecuentes que enfrentan los compradores en estos casos es que se trata de un error del sistema o que la promoción ya venció. Sin embargo, Entorno advierte que estas justificaciones no tienen validez legal. La normativa vigente establece que el comercio debe asumir la diferencia de precio de forma inmediata, sin importar la causa interna del error. Trasladar esa responsabilidad al cliente no está permitido, y los establecimientos que lo intenten pueden enfrentar consecuencias ante las autoridades de protección al consumidor.
Ante una negativa del establecimiento, los pasos a seguir son concretos: documentar la evidencia en el punto de venta —fotografiar el precio en el estante y conservar el ticket de compra— y, si el conflicto persiste, acudir a la Red Nacional de Protección al Consumidor, organismo que brinda orientación y acompañamiento en todo el territorio nacional. Ejercer estos derechos no solo protege al comprador individual, sino que contribuye a construir un mercado más transparente y equitativo para todos los consumidores en México.
