Pagar más de lo que indica la etiqueta en el estante es una situación que enfrentan miles de consumidores mexicanos cada semana en supermercados y tiendas de autoservicio. Lo que muchos desconocen es que la legislación nacional establece con claridad quién debe asumir esa diferencia: siempre el establecimiento comercial, no el cliente.
Según la Ley Federal de Protección al Consumidor, los comercios están obligados a exhibir de forma clara, visible y actualizada el precio de venta al público. Cuando existe una discrepancia entre el precio del estante y el que registra la caja, el consumidor tiene derecho a pagar el monto más bajo anunciado, sin importar la causa del error. Argumentos como fallas en el sistema o promociones vencidas no tienen validez legal: la responsabilidad recae en el establecimiento, que debe absorber la diferencia de forma inmediata. Este principio busca evitar que los errores operativos internos se trasladen al comprador como costo invisible.
Ante esta situación, Entorno recomienda una ruta de acción concreta: documentar la evidencia en el punto de venta —fotografiar el precio exhibido y conservar el ticket de compra— y exigir la corrección al momento. Si el establecimiento se niega a respetar el precio más bajo, el consumidor puede acudir a la Red Nacional de Protección al Consumidor, que ofrece orientación y seguimiento en todo el territorio nacional. Conocer y ejercer estos derechos no solo protege el bolsillo individual: contribuye a construir un mercado más transparente y equitativo para todos.
