Extinción de dominio en el sector moda: cuando las marcas encubren flujos ilícitos
Cuarenta y cinco inmuebles con un valor estimado superior a 184.615 millones de pesos colombianos fueron objeto de medidas cautelares por parte de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, en el marco de una investigación por extinción de dominio contra una empresa de moda femenina. Los activos —entre bodegas, locales comerciales y terrenos distribuidos en Bogotá, Cundinamarca, Cartagena, Pereira, Ibagué y Cali— están bajo sospecha de haber sido adquiridos con recursos de origen ilegal y de haber servido como canal para la introducción de mercancía de contrabando al país.
Según la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía, las medidas incluyen la suspensión del poder dispositivo, el embargo y el secuestro de los bienes. La intervención fue ejecutada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo del Ejército Nacional. De los 45 predios, 17 son rurales y 28 urbanos. Este tipo de operaciones pone en evidencia un patrón documentado por organismos como la UNODC y el GAFI: el sector textil y de moda es históricamente vulnerable al lavado de activos debido a la facilidad para manipular precios de transferencia, subfacturar importaciones y movilizar grandes volúmenes de efectivo bajo la apariencia de operaciones comerciales legítimas.
Para los estrategas corporativos y directivos del sector retail en Latinoamérica, el caso ilustra un riesgo regulatorio creciente. Los marcos de cumplimiento antilavado (AML) y de debida diligencia en cadenas de suministro están siendo reforzados en toda la región, impulsados tanto por presión de organismos multilaterales como por reformas legislativas nacionales. Empresas con estructuras de propiedad inmobiliaria complejas, proveedores no verificados o flujos de caja con alta proporción de efectivo enfrentan una exposición legal que puede materializarse en pérdida de activos, suspensión de operaciones y daño reputacional irreversible. La pregunta estratégica para los consejos de administración no es si sus sectores son vulnerables, sino qué tan robustos son sus sistemas internos de detección y reporte de operaciones sospechosas.
