Áreas de conservación en Perú: gobiernos regionales endurecen control ante amenazas ilegales
Gobiernos regionales del Perú formalizaron un compromiso colectivo para intensificar la vigilancia, prevención y fiscalización en las Áreas de Conservación Regional (ACR) ante el avance sostenido de la minería y la tala ilegales. El acuerdo, plasmado en la Declaración de Cusco al cierre del III Congreso Nacional de Áreas de Conservación Regional, representa una señal institucional relevante en un país donde la deforestación ilegal continúa siendo uno de los principales vectores de pérdida de biodiversidad en la Amazonía.
Entre las medidas acordadas destaca la incorporación de tecnología para fortalecer sistemas de alerta temprana y monitoreo en tiempo real, el desarrollo de protocolos de fiscalización conjunta con entidades competentes, y el saneamiento físico-legal de los territorios bajo conservación. Los gobiernos regionales también se comprometieron a priorizar de forma progresiva la asignación de personal, equipamiento y herramientas tecnológicas para las labores de control, reconociendo que la rotación de funcionarios ha sido históricamente un factor que debilita la continuidad de los procesos de gestión. En paralelo, se acordó actualizar el Sistema de Información de las Áreas de Conservación Regional (SIRAC) para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas sobre los recursos destinados a estos territorios.
Desde una perspectiva de sostenibilidad financiera, la declaración establece que cada ACR deberá identificar progresivamente sus brechas presupuestales e incorporarlas en la programación multianual, articulando recursos del presupuesto regional, inversión pública, cooperación internacional y Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE). Este enfoque de financiamiento mixto refleja una tendencia global documentada por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que señalan que la brecha de financiamiento para áreas protegidas en América Latina supera los 300 millones de dólares anuales. La modificación de los mecanismos de asignación del canon para garantizar recursos destinados a conservación apunta a reducir esa brecha desde la institucionalidad regional, aunque su efectividad dependerá de la voluntad política y la capacidad técnica de cada gobierno para implementar los compromisos asumidos en Cusco.
