Extinción de dominio en el sector moda: cuando las marcas ocultan economías ilícitas
Cuarenta y cinco inmuebles con un valor estimado superior a los 184.615 millones de pesos colombianos fueron objeto de medidas cautelares por parte de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos y contrabando vinculados a una empresa del sector de moda femenina. La acción, ejecutada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio con apoyo del Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), incluyó la suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro de bienes distribuidos entre Bogotá y seis departamentos adicionales, entre ellos Cundinamarca, Bolívar, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca.
Según las autoridades, la empresa investigada —dedicada a la comercialización de ropa femenina— habría operado como vehículo para el ingreso de capitales de origen ilegal y mercancía de contrabando al país. Los 45 predios se dividen en 17 rurales y 28 urbanos, e incluyen bodegas, locales comerciales arrendados a terceras marcas y terrenos en distintas regiones. Un elemento jurídico relevante es que los comercios que operan en dichos inmuebles continuarán pagando rentas a la empresa propietaria mientras no se concrete la extinción de dominio, dado que las medidas cautelares tienen carácter preventivo y no implican transferencia inmediata de propiedad.
Este caso ilustra una tendencia que organismos como la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) han documentado con creciente preocupación: la industria textil y de moda en América Latina como vector de lavado de activos, dada su alta rotación de inventario, la complejidad de sus cadenas de suministro y la dificultad para rastrear el origen de mercancías. Para directivos del sector retail y moda en la región, el caso representa una señal de alerta sobre la necesidad de robustecer los sistemas de debida diligencia, cumplimiento normativo (compliance) y trazabilidad de proveedores, áreas que organismos como McKinsey & Company y el Foro Económico Mundial han identificado como prioritarias para la sostenibilidad corporativa en mercados emergentes.
