Áreas de conservación en Perú: vigilancia tecnológica y acuerdos regionales contra actividades ilegales
Catorce gobiernos regionales del Perú formalizaron un compromiso colectivo para intensificar la vigilancia, prevención y fiscalización en sus Áreas de Conservación Regional (ACR), ante el avance sostenido de la minería y tala ilegales. El acuerdo, plasmado en la Declaración de Cusco al cierre del III Congreso Nacional de Áreas de Conservación Regional, establece una hoja de ruta con implicaciones institucionales, tecnológicas y presupuestales de largo alcance.
Entre las medidas centrales destaca la incorporación de tecnología para sistemas de alerta temprana y monitoreo en tiempo real, así como el desarrollo de protocolos de fiscalización coordinados con entidades competentes. Los gobiernos firmantes acordaron priorizar de forma progresiva la asignación de personal especializado, equipamiento logístico y herramientas digitales para las labores de control territorial. Un punto crítico del acuerdo aborda la rotación de funcionarios —uno de los factores que históricamente ha debilitado la gestión ambiental subnacional en América Latina— estableciendo mecanismos para garantizar la continuidad de jefaturas y equipos técnicos frente a cambios administrativos.
En materia de financiamiento, la declaración propone modificar los mecanismos de asignación presupuestal para garantizar recursos provenientes del canon destinados a conservación, e instruye a cada ACR a identificar sus brechas financieras e incorporarlas en la programación multianual. La estrategia contempla articular fuentes diversas: presupuesto regional, inversión pública, cooperación internacional y Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE). Complementariamente, se acordó actualizar el Sistema de Información de las Áreas de Conservación Regional (SIRAC) para mejorar la transparencia y rendición de cuentas sobre los recursos gestionados. Para estrategas e inversores con exposición a sectores extractivos o de infraestructura en la región andina, este tipo de acuerdos supranacionales subnacionales representa una señal de mayor rigor regulatorio territorial en el mediano plazo.
