Extinción de dominio en el sector moda: cuando las marcas ocultan economías ilícitas
Cuarenta y cinco inmuebles con un valor estimado superior a los 184.615 millones de pesos colombianos fueron objeto de medidas cautelares por parte de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, en el marco de una investigación sobre presuntas actividades ilícitas vinculadas a una empresa de moda femenina. La acción, ejecutada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército Nacional, incluyó la suspensión del poder dispositivo, el embargo y el secuestro de bienes distribuidos entre Bogotá y seis departamentos adicionales, entre ellos Cundinamarca, Bolívar, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca.
Según las autoridades, la empresa investigada habría utilizado su estructura comercial como fachada para facilitar el ingreso de mercancía de contrabando y recursos de origen ilegal al país. Este patrón —el uso de negocios de retail o manufactura textil como canales de lavado de activos— no es exclusivo de un caso aislado. Organismos como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) han documentado que el sector moda, por su alta rotación de inventario, cadenas de suministro fragmentadas y márgenes variables, representa uno de los vectores más utilizados para la integración de capitales ilícitos en economías formales. Los 45 predios se dividen en 17 rurales y 28 urbanos, lo que sugiere una estructura patrimonial deliberadamente diversificada para dificultar su rastreo.
Para los estrategas corporativos y directivos del sector retail en México y Latinoamérica, este caso ofrece señales relevantes sobre el entorno regulatorio que se consolida en la región. Las herramientas de extinción de dominio —que permiten al Estado actuar sobre bienes sin necesidad de condena penal previa— están ganando alcance en múltiples jurisdicciones latinoamericanas como instrumento de política anticorrupción y antilavado. Esto implica que las empresas con estructuras patrimoniales complejas, cadenas de proveeduría opacas o modelos de expansión acelerada sin trazabilidad financiera clara enfrentan un riesgo regulatorio creciente. La debida diligencia en cumplimiento normativo (compliance), la transparencia en la cadena de valor y la auditoría de activos no son ya solo buenas prácticas: se convierten en condiciones de supervivencia empresarial en mercados que endurecen sus marcos de supervisión.
