Disparidad regional de precios de combustible presiona costos logísticos en Centroamérica
Precios de combustible que superan los seis dólares por galón en países como Guatemala y Costa Rica están redefiniendo los modelos de costos operativos para empresas con operaciones en Centroamérica. Durante septiembre, la región registró incrementos generalizados en gasolina y diésel, impulsados por una combinación de factores estructurales: impuestos locales, esquemas de subsidio diferenciados, costos de transporte y marcos regulatorios que varían significativamente de un país a otro.
El análisis comparativo por nación revela una brecha considerable. Guatemala presenta los precios más elevados para el diésel —insumo crítico para el transporte de carga—, con cotizaciones que alcanzan los 6.62 dólares por galón en estaciones de servicio completo, en un mercado donde los precios no están sujetos a tarifa nacional obligatoria y fluctúan según operador y ubicación. Costa Rica, con un sistema regulado por litro, convierte sus tarifas a cifras comparables: la gasolina súper equivale a 6.15 dólares por galón. En contraste, El Salvador mantiene los niveles más competitivos de la región, con gasolina regular por debajo de los cinco dólares y diésel en 4.86 dólares, gracias a precios de referencia fijados quincenalmente por su Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas. Panamá y Honduras se ubican en rangos intermedios, con el diésel panameño en 5.79 dólares y el hondureño en torno a los 5.47 dólares al tipo de cambio vigente.
Para los estrategas corporativos y directivos de operaciones con presencia regional, estas diferencias no son datos coyunturales: son variables estructurales que afectan la competitividad del transporte, la cadena de suministro y los márgenes de distribución. Según estimaciones del Banco Mundial, el costo energético representa entre el 15% y el 25% del gasto operativo en sectores de logística y manufactura en economías emergentes. En un contexto donde Costa Rica ya anticipó una solicitud de aumento adicional para octubre —pendiente de aprobación regulatoria—, las empresas con flotas propias o contratos de flete regional enfrentan presión creciente para revisar sus modelos de costeo y explorar alternativas como la electromovilidad comercial o la optimización de rutas mediante analítica de datos.
