Auditoría fiscal en Chile detecta sobregasto de USD 11 millones en compras públicas
Compras públicas realizadas a precios superiores a los disponibles en el propio sistema de adquisiciones del Estado chileno generaron un sobregasto de $10,615 millones de pesos —equivalentes a aproximadamente USD 11 millones— durante 2022 y 2023. Así lo determinó una auditoría de la Dirección de Presupuestos (Dipres), que analizó adquisiciones efectuadas bajo el mecanismo de 'convenio marco', un esquema diseñado para agilizar compras directas sin necesidad de nuevas licitaciones. El hallazgo central es que múltiples organismos estatales ignoraron opciones más económicas disponibles dentro del mismo sistema, dejando sin aprovechar un ahorro potencial significativo.
Entre las entidades con mayor contribución al sobregasto destaca Gendarmería de Chile, responsable del 26.9% del total —cerca de USD 3 millones—, seguida por el Instituto Geográfico Militar con 12.6% y diversos servicios de salud metropolitanos. Por categoría de producto, los alimentos concentran el 73.2% del sobregasto total, equivalente a unos USD 8 millones. Casos concretos incluyen pagos excesivos en papas, pollo deshuesado, patas de pollo y pavo, así como productos de consumo básico como zapallos, tomates y pañales. Le siguen en relevancia los artículos de aseo e higiene (19.3%), ferretería (4.2%) y papelería (1.9%).
Más allá del dato puntual, el informe expone una debilidad estructural en la gestión del gasto público: la ausencia de incentivos efectivos para que los compradores institucionales optimicen sus decisiones dentro de los sistemas habilitados. La auditoría recomienda implementar una estrategia de revisión focalizada en los servicios y convenios con mayor concentración de sobregasto, así como reforzar los mecanismos de control hacia el cierre del ejercicio presupuestario, período en el que históricamente se dispara el gasto en bienes y servicios de consumo. Para los estrategas de gestión pública y los analistas de política fiscal, el caso chileno ilustra cómo la eficiencia en compras gubernamentales no depende solo de la existencia de herramientas digitales de adquisición, sino de los marcos de gobernanza y rendición de cuentas que las acompañan.
