Fin de subsidios al diésel: lecciones de política energética para economías emergentes
Poner fin a más de dos décadas de subvención estatal al diésel es una de las decisiones de política energética más complejas que puede enfrentar un gobierno latinoamericano. Bolivia completó ese proceso en septiembre de 2026, cerrando un ciclo que comenzó en 2005, cuando el entonces presidente Carlos Mesa congeló los precios internos del diésel y la gasolina por debajo de su costo real de importación. Lo que nació como un mecanismo de protección social se convirtió, con el tiempo, en una de las principales fuentes de presión sobre las finanzas públicas del país.
La insostenibilidad del modelo quedó expuesta con claridad en los datos fiscales: en 2025, Bolivia destinó aproximadamente 2,900 millones de dólares a la importación de combustibles, una cifra que agotó reservas internacionales, generó escasez de divisas y provocó desabastecimientos prolongados en el mercado interno. Según análisis del Fondo Monetario Internacional, los subsidios a los combustibles fósiles en América Latina y el Caribe representan en promedio entre el 1% y el 3% del PIB de los países que los mantienen, distorsionando la asignación de recursos y desincentivando la transición energética. El intento fallido de Evo Morales en 2010 —cuando un aumento del 73% en el precio del diésel fue revertido en días por presión social— ilustra la dimensión política del problema: los subsidios crean dependencias estructurales que hacen cualquier ajuste políticamente costoso.
El proceso boliviano entre 2025 y 2026 ofrece un marco de análisis relevante para estrategas de política pública y líderes empresariales en economías con esquemas similares. El ajuste se realizó en fases: un primer incremento superior al 160% en el precio del diésel en diciembre de 2025, seguido de un periodo de estabilización ante la presión social, y posteriormente una diferenciación por volumen de consumo que trasladó el precio de mercado a grandes consumidores industriales —agroindustria y minería— antes de generalizar el esquema. Esta secuencia gradual, aunque imperfecta, permitió gestionar el impacto político sin revertir completamente la reforma. Para directivos en sectores intensivos en energía, la experiencia boliviana anticipa un patrón que podría replicarse en otros mercados de la región donde la presión fiscal sobre los subsidios energéticos sigue creciendo: México, Ecuador y Venezuela mantienen esquemas de regulación de precios de combustibles que enfrentan tensiones estructurales comparables. La pregunta para los próximos años no es si estos modelos son sostenibles —la evidencia sugiere que no lo son— sino qué velocidad y secuencia de ajuste minimizan el riesgo social y maximizan la certidumbre para la inversión privada.
