Decomiso internacional de activos por corrupción pandémica marca precedente en Centroamérica
Tribunales hondureños confirmaron el decomiso de 4 millones 231 mil 667.32 dólares vinculados al caso de adquisición de hospitales móviles durante la pandemia de COVID-19, en una resolución que marca un avance relevante en los mecanismos regionales de recuperación de activos públicos en el extranjero. La Corte de Apelaciones de lo Penal declaró improcedente el recurso interpuesto por el empresario guatemalteco señalado en el proceso, lo que abre la vía para que los fondos sean transferidos formalmente al Estado hondureño.
Los recursos objeto del decomiso están depositados en cuentas bancarias en Estados Unidos y están asociados con operaciones financieras de una empresa vinculada al imputado. De la suma total, se ratificó el decomiso de 4 millones 161 mil 400 dólares, más 70 mil 267.32 dólares adicionales en cuentas identificadas en territorio estadounidense. La recuperación efectiva de estos fondos dependerá de la activación de los mecanismos de asistencia jurídica internacional, un proceso que las autoridades hondureñas deberán gestionar una vez que la sentencia adquiera firmeza. Este tipo de procedimientos transfronterizos suelen extenderse entre 18 y 36 meses, según estándares de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en casos similares de la región.
El caso tiene implicaciones que trascienden el ámbito judicial. La compra de hospitales móviles a través de Invest-H —institución ya liquidada— generó cuestionamientos sobre los controles de gasto público en contextos de emergencia sanitaria, un patrón documentado en múltiples países de América Latina durante 2020 y 2021. Para los tomadores de decisiones corporativos e institucionales, esta resolución ilustra la creciente capacidad de los sistemas judiciales centroamericanos para articular procesos de privación de dominio con alcance internacional, un desarrollo que redefine el perfil de riesgo legal y reputacional en operaciones con entidades públicas de la región. La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) quedó designada como la instancia responsable de ejecutar la recuperación patrimonial una vez concluidos los trámites correspondientes.
