Quiebra de una acerera icónica revela los límites de la privatización industrial en México
Pocas historias corporativas en México ilustran con tanta claridad los riesgos estructurales de la privatización acelerada como la de Altos Hornos de México (AHMSA). Adquirida en 1991 por un consorcio privado por apenas 145 millones de dólares —mientras asumía una deuda de 350 millones y comprometía 535 millones en modernización que nunca se completó—, la empresa arrancó su etapa privada con un desequilibrio financiero que marcaría su trayectoria durante más de tres décadas. Este patrón, documentado también en privatizaciones de América Latina durante los años noventa, evidencia cómo la transferencia de activos estratégicos sin supervisión robusta puede generar pasivos de largo plazo para el Estado y para los trabajadores.
La primera suspensión de pagos llegó en 1999, cuando una expansión financiada con deuda colisionó con la crisis asiática y elevó el pasivo de la compañía a cerca de 1,900 millones de dólares. La reestructuración se extendió 17 años. Durante ese periodo, los precios internacionales del acero —que repuntaron con fuerza entre 2003 y 2004 impulsados por la demanda china— permitieron una recuperación temporal de rentabilidad, pero sin resolver el problema de fondo: una estructura de gobierno corporativo opaca y una dependencia excesiva del ciclo de commodities. En 2014, la venta a Pemex de una planta considerada obsoleta por 275 millones de dólares derivó en un proceso penal de alto perfil, con detención, extradición y acuerdo de reparación parcial que aún permanece incumplido. Para los estrategas corporativos, este episodio subraya cómo las transacciones entre empresas privadas y entidades del Estado, sin marcos de debida diligencia independiente, amplifican el riesgo reputacional y legal.
En noviembre de 2024, AHMSA fue declarada formalmente en quiebra tras una crisis de liquidez que paralizó su producción, generó impagos en cascada y provocó cortes de suministro eléctrico y de combustibles. El proceso de venta de la empresa y su filial minera MINOSA está en marcha, pero enfrenta la complejidad típica de activos industriales pesados con pasivos laborales y ambientales significativos. Para inversores de capital privado y fondos de situaciones especiales, el caso representa tanto una advertencia sobre la due diligence en sectores extractivos como una ventana de oportunidad en activos de infraestructura siderúrgica subvaluados. Según proyecciones del World Steel Association, la demanda global de acero crecerá moderadamente hacia 2030 impulsada por infraestructura verde, lo que podría revalorizar activos productivos hoy en concurso mercantil, siempre que se resuelvan los pasivos heredados.
