Crisis estructural en Cuba: colapso económico, éxodo masivo y debate sobre transición política
Académicos del Programa de Estudios Cubanos de Harvard y del Instituto de Investigación Afrolatinoamericano han publicado un informe que describe una crisis sistémica en Cuba con pocas precedentes en la historia reciente del hemisferio. El documento, elaborado por el Grupo de Trabajo sobre el Futuro de Cuba, advierte que el deterioro económico, demográfico e institucional ha alcanzado un punto en que el statu quo ya no es sostenible, y propone una transición política negociada —que incluiría mecanismos de amnistía— como condición necesaria para cualquier estabilización.
Los datos que sustentan el diagnóstico son contundentes. Entre 2019 y 2024, el PIB cubano cayó 11%, mientras la producción agrícola se desplomó 58% y la azucarera —históricamente símbolo de la economía isleña— retrocedió 87%. Cuba importa hoy más del 70% de sus alimentos, y según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, ocho de cada diez ciudadanos omiten al menos una comida diaria. La canasta básica cuesta entre 10 y 15 veces el salario medio. En paralelo, la infraestructura urbana colapsa: cerca de mil edificios se derrumban cada año solo en La Habana. El sistema de salud, que el Estado financió con más de 4,800 millones de dólares en exportaciones de servicios médicos en 2022, recibió apenas 63 millones en inversión interna ese mismo año; entre 2021 y 2024, el número de médicos disminuyó 29% y el de enfermeras, 17%.
El factor demográfico agrava el panorama a largo plazo. Desde 2013, más de tres millones de personas han abandonado la isla —más del 27% de la población registrada en el censo de 2012—, con las mujeres en edad fértil representando el 57% del éxodo. Desde 2020, las defunciones superan a los nacimientos, y una de cada cuatro personas tiene más de 60 años. Este vaciamiento poblacional compromete cualquier escenario de recuperación económica, independientemente del modelo político que se adopte. El informe señala también la influencia de las sanciones externas —agudizadas tras la salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela— como factor que ha acelerado el deterioro energético: desde enero de 2026, solo un barco petrolero, procedente de Rusia, ha llegado a la isla, con apagones que alcanzan las 20 horas diarias. Para los estrategas regionales e inversores con exposición a América Latina, el caso cubano representa una señal de alerta sobre los riesgos de dependencia energética concentrada y la fragilidad de economías con baja diversificación productiva y alta represión política —más de 1,300 presos políticos contabilizados— en un entorno geopolítico en reconfiguración.
