Expansión del gas natural en regiones del Perú: entre la promesa de acceso y las dudas regulatorias
Extender la distribución de gas natural a 15 localidades en siete regiones del centro y sur de Perú implica la construcción de más de 3,700 kilómetros de redes y una inversión aproximada de 600 millones de dólares. El proyecto abarca Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali, regiones donde el balón de gas sigue siendo el principal combustible doméstico para cocinar y calentar agua. El diseño contempla plantas de regasificación, redes de distribución y conexiones domiciliarias tanto en zonas de sierra como de selva, con el compromiso de ejecutar las obras sin cofinanciamiento estatal.
Sin embargo, el organismo regulador del sector energético ha emitido observaciones técnicas que ponen en cuestión la viabilidad real del acceso al servicio. Aunque el proyecto estima que cerca de 300,000 hogares podrían beneficiarse, la meta mínima comprometida se fija en 200,411 conexiones efectivas. El regulador advierte que existe una brecha significativa entre las viviendas próximas a las redes y aquellas que contarían con acceso real al suministro: la presencia de infraestructura no garantiza la conexión domiciliaria, que requiere instalaciones específicas y condiciones técnicas particulares en cada vivienda. En localidades como Huancavelica, Huamanga, Curimanay y Quillabamba, las conexiones proyectadas alcanzarían menos de tres de cada diez viviendas en las zonas evaluadas, lo que significa que miles de familias podrían vivir cerca de una red sin acceder al servicio durante más de una década.
Este escenario es relevante para estrategas del sector energético e inversores en infraestructura, ya que ilustra una tensión estructural recurrente en proyectos de expansión de servicios básicos en mercados emergentes: la diferencia entre cobertura geográfica y cobertura efectiva. Según el Banco Mundial, proyectos de infraestructura energética en América Latina registran tasas de conexión efectiva entre 40% y 70% respecto a la población técnicamente alcanzable, dependiendo del nivel de ingreso de los hogares y la capacidad de absorción de costos de instalación. En las regiones involucradas, el abastecimiento actual depende del transporte de combustible por carretera, lo que eleva costos y genera vulnerabilidad en la cadena de suministro. La propuesta también incluye la extensión por una década de la concesión de distribución en Lima y Callao —actualmente vigente hasta 2033— llevándola hasta 2043, decisión que amplía el horizonte regulatorio del sector y que será determinante para evaluar el retorno de largo plazo del proyecto.
