Presencialidad mínima en FP online: hacia un nuevo estándar de calidad educativa
Establecer un piso de presencialidad obligatoria en los programas de Formación Profesional en línea es la apuesta regulatoria que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha puesto sobre la mesa ante las comunidades autónomas. La medida, contenida en un proyecto de real decreto en tramitación urgente, apunta directamente a los ciclos con alta carga práctica —como los vinculados a salud y deporte— donde la virtualidad total ha generado cuestionamientos sobre la profundidad del aprendizaje y la empleabilidad de los egresados.
El borrador establece que la enseñanza virtual no podrá superar entre el 61% y el 80% de la carga horaria total, mientras que en la modalidad semipresencial el rango de virtualidad permitido se situará entre el 40% y el 60%. Más allá de los porcentajes, el decreto endurece los requisitos de entrada para nuevos centros privados: deberán ofrecer al menos dos familias profesionales, garantizar itinerarios formativos completos y acreditar acuerdos escritos con empresas para la formación en alternancia. Esta última exigencia conecta directamente con una demanda histórica del sector productivo, que ha señalado reiteradamente la brecha entre los perfiles que entrega la FP y las competencias que requiere el mercado laboral. En paralelo, se reducirá la ratio alumno-docente a un máximo de 25 estudiantes en grados Medio y Superior, y 15 en el grado Básico —aunque esta última cifra no entrará en vigor hasta el ciclo 2029-2030—.
Desde una perspectiva estratégica, la regulación llega en un momento en que la Formación Profesional atraviesa una expansión acelerada, impulsada tanto por la demanda de reconversión profesional como por la proliferación de centros privados en línea. El decreto también contempla la creación de una Red Estatal de Centros Asociados privados con ciclos especializados y una Red de Excelencia de Formación Profesional pública orientada a trabajadores en activo que buscan actualizar competencias. Ambas estructuras recibirán financiación directa condicionada a la participación en convocatorias de evaluación de calidad, lo que introduce un mecanismo de rendición de cuentas que hasta ahora era inexistente en buena parte del ecosistema. Para los directivos que gestionan programas de formación corporativa o que colaboran con centros de FP para el desarrollo de talento, este nuevo marco regulatorio redefinirá las condiciones de asociación y los estándares mínimos exigibles a sus socios educativos.
