Mantenimiento masivo de carreteras federales: señales de un nuevo modelo de infraestructura vial
Más de 74 mil kilómetros de vías federales han sido intervenidos en el marco del programa de rehabilitación carretera más ambicioso que México ha emprendido en años recientes. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha desplegado 20 mil 260 trabajadores organizados en 920 cuadrillas, apoyados por cerca de 6 mil unidades de maquinaria pesada, para atender la red no cuotada del país, que abarca más de 45 mil 600 kilómetros de carreteras libres de peaje.
Los datos operativos revelan la escala del esfuerzo: se han corregido 56 mil 906 baches, equivalentes a 182 mil metros cuadrados de superficie rodante reparada, con un avance del 73% sobre los objetivos anuales establecidos. Para las intervenciones de mayor complejidad, se han aplicado 5.7 millones de toneladas de mezcla asfáltica sobre una superficie de más de 50 millones de metros cuadrados. Adicionalmente, la incorporación de trenes de pavimentación —tecnología que permite mayor velocidad de ejecución en tramos de alto tráfico— ha permitido rehabilitar mil 164 kilómetros adicionales, con una reducción documentada en costos y tiempos de intervención.
Para los estrategas de logística, manufactura y distribución, el estado de la infraestructura carretera libre de peaje es un indicador crítico de competitividad territorial. México mueve aproximadamente el 55% de su carga por carretera, según datos de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), y el deterioro vial tiene un impacto directo en costos operativos, tiempos de entrega y siniestralidad. La apuesta por mantenimiento preventivo y correctivo a escala nacional —en lugar de obras puntuales— sugiere un cambio de enfoque en la política de infraestructura: priorizar la preservación del activo existente antes que la construcción de nueva red. Para inversores y operadores logísticos que evalúan corredores productivos en el contexto del nearshoring, este tipo de programas representa una señal relevante sobre la capacidad del Estado para sostener la conectividad que demandan las cadenas de suministro regionales.
