Justicia presiona al Estado por incumplimiento en salarios y becas universitarias
Presión judicial sobre el financiamiento universitario escala en Argentina. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11 amplió por cinco días la intimación al Estado Nacional para que acredite el cumplimiento efectivo de la medida cautelar vinculada a la Ley 27.795, que ordena la actualización salarial del personal docente y no docente de universidades públicas, así como la recomposición de los programas de becas estudiantiles. La decisión del juez Diego Cormick llegó tras rechazar el planteo del Poder Ejecutivo que buscaba revocar dicha medida, al considerar que las pruebas presentadas no demostraban la aplicación de los parámetros legales exigidos.
El núcleo del conflicto radica en la brecha entre lo que la norma ordena y lo que el gobierno acreditó ante la justicia. La ley establece que los salarios universitarios deben actualizarse desde el 1 de diciembre de 2023 conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Sin embargo, el tribunal observó que la documentación oficial no evidenció que los incrementos aplicados hayan tomado como referencia ese indicador. Con una inflación acumulada del 312,19% entre diciembre de 2023 y junio de 2026, la distancia entre el ajuste real y el mandato legal representa una variable crítica para cientos de miles de trabajadores del sistema universitario público. En materia de becas, el fallo detectó un segundo incumplimiento: el Estado solo reportó avances sobre la Beca Manuel Belgrano, dejando sin respuesta lo ordenado respecto a Progresar, Enfermería y otras prestaciones contempladas en el artículo 6 de la ley.
Esta causa colectiva, promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional y otros actores institucionales, pone en evidencia una tensión estructural entre la política fiscal del Ejecutivo y los compromisos legales con el sistema educativo superior. Para los estrategas de política pública y los analistas del sector, el caso ilustra cómo los ajustes presupuestarios en contextos de alta inflación generan litigios de largo aliento que condicionan la gobernabilidad sectorial. La vigencia de la medida cautelar, mientras el gobierno sostiene su defensa con nuevos planteos procesales, mantiene abierta una disputa que excede lo jurídico y se instala en el debate sobre el modelo de financiamiento de la educación pública en Argentina.
