Trazabilidad de insumos: el requisito estratégico que define el acceso a beneficios arancelarios
Cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) exige mucho más que demostrar dónde se ensambló un producto. Las empresas exportadoras mexicanas deben rastrear el origen de cada material y componente que integra su oferta, una exigencia que convierte la gestión de cadenas de suministro en una función estratégica de primer orden.
En 2025, las importaciones estadounidenses de bienes provenientes de México alcanzaron 534.3 mil millones de dólares, mientras que las exportaciones hacia México sumaron 337.3 mil millones. Este volumen comercial subraya la magnitud del riesgo para las empresas que no documentan adecuadamente su cumplimiento. Con la revisión del Tratado programada para 2026 —donde México y Estados Unidos discutirán normas en sectores como automotriz, acero, aluminio y laboral—, los criterios de elegibilidad podrían volverse más estrictos. Expertos en comercio exterior advierten que los sectores de energía, autopartes y manufactura enfrentarán los mayores desafíos de adaptación.
El sector automotriz ilustra con claridad esta complejidad estructural. Para vehículos ligeros, el T-MEC establece un requisito de 75% de contenido de valor regional para acceder al trato preferencial, frente al 62.5% que exigía el anterior TLCAN. A esto se suman condiciones específicas para componentes, acero, aluminio y contenido de valor laboral. La inclusión de materiales provenientes de terceros países puede modificar el cálculo del contenido regional o comprometer la elegibilidad arancelaria de todo el producto final. Ante este escenario, aumentar el contenido regional no solo reduce la exposición a cambios normativos, sino que fortalece la integración productiva de México con sus socios comerciales.
Desde una perspectiva operativa, el T-MEC permite que la certificación de origen sea realizada por el importador, exportador o productor, sin exigir un formato único. Sin embargo, cada empresa debe conservar la documentación de respaldo durante al menos cinco años. Esto implica transitar de un modelo reactivo —que responde a auditorías— a uno preventivo: mapear proveedores y componentes desde la lista de materiales, actualizar certificaciones periódicamente, revisar clasificaciones arancelarias, documentar cambios en insumos y procesos, y establecer controles internos que garanticen tanto el cumplimiento normativo como la competitividad sostenida en el mercado norteamericano.
