Seguridad energética en comedores comunitarios: cuando el gas falla, la vulnerabilidad escala
Más de 276,000 personas en Perú dependen cotidianamente de las ollas comunes para garantizar su alimentación básica, según datos del Programa de Complementación Alimentaria (PCA) con corte a septiembre de 2026. Esta cifra, que incluye 1,805 cocinas comunitarias activas solo en Lima Metropolitana, revela una infraestructura social de escala considerable que opera, sin embargo, sobre una base energética frágil: el gas licuado de petróleo (GLP), cuyo suministro irregular y precio volátil convierten la preparación diaria de alimentos en un ejercicio de gestión de crisis.
El subsidio central del sistema, el Vale de Descuento del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), permanece congelado en S/43 por balón desde 2013. En ese lapso, el precio del GLP ha experimentado alzas significativas —en algunos momentos hasta S/20 adicionales por unidad—, erosionando progresivamente el poder de cobertura del beneficio. Los datos de canje del propio FISE ilustran la tensión: durante 2025, las ollas redimieron 155,333 vales a nivel nacional; entre enero y agosto de 2026, el ritmo cayó a 92,445 canjes, con una tasa de redención que descendió del 89.7% en julio al 74% en agosto. La caída no refleja menor necesidad, sino mayores fricciones en la cadena de distribución y en la capacidad operativa de las organizaciones.
Cuando el GLP no está disponible o su costo supera el presupuesto de una olla, la alternativa es la leña, un retroceso energético con implicaciones directas en salud pública —exposición a humo en espacios cerrados— y en eficiencia operativa. San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado del país, concentra 383 ollas activas con 20,962 usuarios, seguido de Villa María del Triunfo y Comas. En estas geografías urbano-periféricas, la cadena de distribución de combustible es el eslabón más débil: el subsidio existe en papel, pero su utilidad depende de que el distribuidor llegue al barrio. Para los estrategas de política pública y los inversores en infraestructura energética, este escenario señala una oportunidad estructural: la transición hacia gas natural o soluciones térmicas renovables en comedores comunitarios podría reducir la dependencia de cadenas de distribución fragmentadas, aunque el propio sistema FISE establece que las ollas con acceso a gas natural pierden el beneficio del GLP, un desincentivo regulatorio que frena la modernización energética de base.
