Cambios en el acceso al fondo de desempleo laboral: qué esperar a partir de 2027
Trabajadores con fondos acumulados por concepto de compensación por tiempo de servicios (CTS) enfrentan un cambio estructural en las condiciones de acceso a ese ahorro forzoso. Hasta el 31 de diciembre de 2026, la normativa vigente —establecida como disposición transitoria— permite retirar el 100% del saldo disponible en cualquier momento. A partir de 2027, ese umbral se reducirá de forma permanente al 50% del total acumulado, incluyendo intereses generados, sin restricción de plazo para ejercer ese derecho parcial.
Este ajuste no implica la eliminación del beneficio, sino un retorno al espíritu original del instrumento: funcionar como un seguro de desempleo y no como una cuenta de libre disposición. La Ley 32322 establece con claridad que el acceso irrestricto fue una medida excepcional y temporal, incorporada como complemento transitorio ante contextos económicos específicos. Desde una perspectiva de política laboral, el cambio busca preservar la función protectora del fondo: garantizar liquidez al trabajador en caso de pérdida de empleo, no como fuente de consumo corriente. Según análisis de organismos como la OIT, los fondos de cesantía pierden efectividad cuando se vacían antes de que ocurra el evento que deben cubrir.
Para los directivos de recursos humanos y finanzas, el cambio tiene implicaciones operativas concretas. Los empleadores siguen obligados a realizar dos depósitos anuales —en mayo y noviembre— equivalentes a aproximadamente medio salario mensual por trabajador de tiempo completo. El depósito de noviembre, por ejemplo, debe efectuarse a más tardar el día 15 del mes, con posibilidad de un día hábil adicional cuando esa fecha cae en fin de semana. La excepción al límite del 50% aplica únicamente para casos documentados de enfermedad terminal o diagnóstico oncológico, donde el trabajador podrá solicitar el retiro total previa presentación de evidencia médica ante el empleador. Ante este escenario, las áreas de compensaciones deberán actualizar sus protocolos de comunicación interna para orientar a los colaboradores sobre las nuevas condiciones antes de que entre en vigor la restricción.
