Ordenamiento metropolitano bajo escrutinio: entre el diálogo ciudadano y la polémica fiscal
Suspender el proceso de consulta pública del Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) equivaldría a interrumpir el diálogo con la ciudadanía en un momento crítico para la planeación urbana de una de las metrópolis más grandes del mundo. Así lo advirtió el subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda de la Sedatu, José Alfonso Iracheta Carrol, quien defendió la continuidad del proceso ante las presiones de diversos sectores que exigen su cancelación. La postura oficial subraya que el objetivo central del instrumento es precisamente articular la comunicación entre gobierno, sociedad civil y actores económicos en torno al futuro territorial de la región.
El programa ha generado controversia por la forma en que algunos de sus apartados fueron redactados, particularmente los relacionados con el impuesto predial y la posible subasta de terrenos subutilizados. Ante ello, las autoridades anunciaron ajustes en la redacción del documento para clarificar su alcance real. Un punto central del debate es la distinción entre un instrumento de planeación y una norma jurídica vinculante: el POZMVM no tiene carácter de ley y, según las autoridades, no afecta el derecho constitucional a la propiedad privada, protegido por el artículo 14 de la Constitución. Además, se precisó que cualquier modificación al impuesto predial es facultad exclusiva de los gobiernos locales, y que todos los estados involucrados —Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos— han expresado su rechazo a incrementos en ese tributo.
Desde una perspectiva de gobernanza metropolitana, el caso ilustra un desafío recurrente en la gestión de megaciudades: cómo construir consensos en territorios fragmentados políticamente y con alta densidad de actores con intereses divergentes. El POZMVM fue elaborado por un despacho especializado que ganó una licitación pública, y su proceso de consulta concluirá en noviembre en las distintas entidades que integran la zona metropolitana. La versión definitiva del programa se espera para 2027, lo que abre un periodo de negociación y ajuste que definirá las reglas del ordenamiento territorial para décadas. Para los estrategas corporativos con activos inmobiliarios o proyectos de desarrollo en la región, seguir de cerca este proceso no es opcional: las decisiones que se tomen en esta etapa de consulta moldearán el marco regulatorio bajo el cual operarán sus inversiones en el mediano plazo.
