Ordenamiento metropolitano en México: entre la reforma urgente y la resistencia política
Revisar el marco normativo que ordena el crecimiento de la zona metropolitana más grande del país no es un ejercicio técnico menor: es una decisión con implicaciones directas sobre inversión inmobiliaria, desarrollo de infraestructura y política fiscal en una región que concentra más de 21 millones de habitantes. El Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) atraviesa un proceso de ajuste que pone en evidencia las tensiones estructurales entre planeación territorial, gobernanza metropolitana y presión política.
Funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) han reconocido públicamente que la redacción actual del documento presenta ambigüedades que generaron alarma entre propietarios, partidos políticos y organizaciones empresariales. Los puntos más controvertidos giran en torno a mecanismos fiscales sobre predios subutilizados y la posible movilización forzada de inmuebles, interpretaciones que el gobierno federal descartó pero que evidencian la fragilidad comunicativa de los instrumentos de planeación cuando no se construyen con participación amplia desde el origen. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la mancha urbana del Valle de México creció más de 400% entre 1970 y 2020, lo que ilustra la urgencia de contar con un instrumento actualizado: el POZMVM vigente data de 1998.
Para los estrategas corporativos e inversores con posiciones en el sector inmobiliario, logístico o de infraestructura en la región, el proceso de revisión del POZMVM representa tanto un riesgo regulatorio de corto plazo como una oportunidad estructural. McKinsey Global Institute ha documentado que las zonas metropolitanas con marcos de ordenamiento territorial sólidos atraen entre 15% y 25% más inversión privada en infraestructura que aquellas con vacíos normativos. La discusión en curso sobre movilidad, acceso al agua y déficit habitacional —estimado en más de 800,000 unidades solo en la Ciudad de México según datos de la Comisión Nacional de Vivienda— define las coordenadas del próximo ciclo de inversión urbana. La pregunta relevante para los tomadores de decisión no es si el programa cambiará, sino qué tan rápido el nuevo marco traducirá certeza jurídica en condiciones habilitantes para el desarrollo.
