Vehículos eléctricos ultracompactos en México: entre la accesibilidad y el vacío regulatorio
Vehículos eléctricos compactos de origen chino comienzan a aparecer en canales de distribución no convencionales en México, abriendo un debate sobre los límites reales del mercado de movilidad eléctrica accesible. Uno de los casos más recientes es un modelo ultracompacto de 220 centímetros de largo, menos de la mitad de un automóvil estándar, con capacidad para tres pasajeros, peso de 100 kilogramos y una batería de ácido de 60V que requiere entre 6 y 10 horas de carga. Su velocidad máxima es de 40 km/h y su autonomía alcanza apenas 60 kilómetros por carga, características que lo sitúan en una categoría funcional más cercana a un vehículo de uso recreativo o de última milla que a un automóvil convencional.
Este tipo de unidades no es un fenómeno aislado. Un precedente relevante fue el Chang Li S1 Pro, otro vehículo chino que viralizó en redes sociales mexicanas por su precio cercano a los 20,000 pesos y una autonomía de entre 40 y 100 kilómetros. Ambos modelos pueden importarse legalmente al país, pero ninguno cuenta con autorización para circular en vías públicas, al no cumplir con la NOM-195, la norma oficial mexicana que establece requisitos mínimos de seguridad para vehículos nuevos. Dicha norma exige bolsas de aire frontales y laterales, sistema ABS, Control Electrónico de Estabilidad, anclajes para retención infantil, monitoreo de presión de llantas y recordatorio de cinturón de seguridad. Sin estos elementos, su circulación queda restringida a espacios privados, con estatus regulatorio equivalente al de un carrito de golf.
Para los estrategas del sector automotriz y de movilidad urbana, el surgimiento de estos modelos revela una tensión estructural que irá en aumento: existe una demanda real por opciones de movilidad eléctrica de bajo costo en segmentos de ingreso medio y bajo, pero el marco normativo mexicano no contempla aún categorías intermedias entre el vehículo homologado y el vehículo recreativo. Según datos del Consejo Nacional Agropecuario y análisis del WEF sobre movilidad en economías emergentes, la brecha entre precio de acceso y cumplimiento regulatorio es uno de los principales frenos a la electrificación del parque vehicular en América Latina. La pregunta para los tomadores de decisiones no es si estos vehículos tienen mercado —claramente lo tienen— sino si México desarrollará un marco regulatorio diferenciado que permita integrarlos de forma segura antes de que el mercado informal los absorba por completo.
