Irregularidades en obra pública: cómo operaba el circuito de pagos bajo sospecha judicial
Ante un tribunal federal, un ex jefe de Presupuesto de Vialidad Nacional reconstruyó con detalle el circuito administrativo mediante el cual se procesaban los pagos de certificados de obra a contratistas en la provincia de Santa Cruz. Su declaración pone en foco cómo operaba la cadena de decisiones entre la Secretaría de Obras Públicas, la Gerencia de Administración y la Tesorería General de la Nación, y subraya que las áreas administrativas carecían de atribuciones para adoptar decisiones de naturaleza política.
Según el testimonio, la Secretaría de Obras Públicas remitía mensualmente a la Gerencia de Administración los montos a abonar por contratista. Esa gerencia ajustaba las partidas y ejecutaba los pagos, condicionados siempre a la disponibilidad de fondos en la Tesorería. Cuando los recursos autorizados resultaban insuficientes frente a lo presupuestado, el organismo podía postergar licitaciones, reducir el ritmo de contratos o suspender obras. En casos de falta de crédito, era posible reasignar partidas de proyectos paralizados. Los expedientes pasaban por controles de firmas, facturas, ejecución física y posibles embargos antes del desembolso final. Este mecanismo, en apariencia rutinario, es ahora objeto de escrutinio judicial por presuntas irregularidades en la adjudicación y pago de obras viales financiadas con fondos federales entre 2003 y 2015.
El juicio forma parte de una investigación más amplia sobre la asignación de contratos de infraestructura vial en Santa Cruz, provincia que concentró el 11% del presupuesto nacional destinado a obra vial en ese período, equivalente a lo asignado en conjunto a ocho provincias. De los diez imputados originales, tres ex funcionarios de Vialidad enfrentan juicio oral como coautores del delito de defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública; los siete restantes obtuvieron la suspensión del proceso a prueba. El caso ilustra un patrón de riesgo institucional recurrente en América Latina: la concentración territorial del gasto público en obra vial como vector de captura del Estado, un fenómeno que organismos como el Banco Mundial y Transparencia Internacional han identificado como uno de los principales vectores de corrupción en infraestructura pública.
