Instituciones débiles y baja productividad: el freno estructural que los datos confirman
Desde hace décadas, economistas e instituciones multilaterales debaten por qué ciertos países no logran cerrar su brecha de productividad laboral pese a integrarse en cadenas globales de valor, firmar acuerdos comerciales y expandir su fuerza de trabajo calificada. Un estudio seminal de Robert E. Hall y Charles I. Jones (1999), publicado en el Quarterly Journal of Economics, ofrece una respuesta que sigue siendo incómoda para economías como la mexicana: el factor determinante no es el capital físico ni el volumen exportado, sino la calidad de la 'infraestructura social', es decir, el conjunto de leyes, regulaciones y políticas públicas que protegen el trabajo productivo, garantizan la certidumbre contractual y sancionan la extracción de rentas. Donde esa infraestructura falla, empresas y familias desvían recursos hacia su propia defensa en lugar de destinarlos a innovación y creación de valor.
México ilustra con precisión este diagnóstico. A pesar de ser la decimoquinta economía mundial por PIB nominal y uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, su productividad laboral equivale a menos de un tercio de la estadounidense, una brecha que prácticamente no se ha reducido en los últimos treinta años. El Foro Económico Mundial y el Banco Mundial han documentado de manera consistente que la corrupción, la impunidad y la sobrerregulación operan como un impuesto silencioso sobre la eficiencia agregada. La economía informal, que según el INEGI representa alrededor del 25% del PIB y emplea a más de la mitad de la población ocupada, es la expresión más visible de ese drenaje: refleja que para millones de agentes económicos, operar fuera del marco formal resulta más rentable que asumir los costos de una institucionalidad poco confiable. McKinsey Global Institute ha estimado que cerrar la brecha de productividad en economías emergentes de ingreso medio requiere, antes que cualquier política sectorial, reformas que reduzcan la carga regulatoria y fortalezcan el Estado de derecho.
Para estrategas corporativos e inversores con horizontes de tres a cinco años, este marco analítico tiene implicaciones operativas concretas. La rentabilidad sostenida en mercados emergentes depende menos de los aranceles negociados en tratados comerciales y más de la solidez de las instituciones locales que hacen cumplir contratos, protegen la propiedad intelectual y penalizan la competencia desleal. Según el Índice de Competitividad Global del WEF, los países que mejoran un decil en sus indicadores institucionales registran, en promedio, un incremento de entre 0.5 y 1.2 puntos porcentuales en su tasa de crecimiento de productividad total de los factores. Esto significa que fortalecer la infraestructura social no es una agenda política abstracta ni un objetivo de largo plazo difuso: es una variable de riesgo que debe incorporarse en los modelos de valuación, en las decisiones de localización industrial y en las estrategias de expansión regional. Ignorarla equivale a subestimar el costo real de operar en entornos donde la certidumbre jurídica sigue siendo un bien escaso.
