Presupuesto con enfoque en diversidad sexual: un nuevo estándar de política pública
México da un paso inédito en materia de política pública al incorporar, por primera vez en su historia presupuestal, un anexo específico orientado a la población LGTBIQ+. El nuevo proyecto de Presupuesto de Egresos incluye el anexo 33, que identifica y coordina 43,369 millones de pesos —aproximadamente 2,409 millones de dólares— distribuidos a través de diversas instituciones federales en áreas como salud, vivienda, educación, cultura, seguridad y acceso a la justicia. El mecanismo no crea nuevos fondos, sino que hace visible y auditable el gasto público ya existente vinculado a los derechos de esta comunidad.
Este movimiento se enmarca en un contexto de creciente presión internacional por cerrar la brecha entre el reconocimiento legal y las condiciones reales de vida. El primer Índice de Inclusión LGTBIQ+ de México, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ubica al país en 0.64 puntos sobre una escala de cero a uno, con las peores calificaciones en seguridad personal y educación. Un dato que ilustra la urgencia del problema: el 28.7% de la población LGTBIQ+ en México ha reportado pensamientos suicidas o intentos de suicidio, una tasa que triplica la de la población general, según la coordinadora residente de la ONU en México.
Para los estrategas de política pública y los líderes empresariales, la señal es clara: la inclusión está dejando de ser un compromiso declarativo para convertirse en una variable medible y fiscalizable dentro del aparato del Estado. La propuesta, elaborada entre marzo y agosto en colaboración con múltiples secretarías, aún debe ser votada en la Cámara de Diputados y estará sujeta a auditoría. Entre las prioridades identificadas destacan la prevención del VIH, programas para mujeres trans, combate a la violencia por prejuicio y ampliación de oportunidades laborales y educativas. La adopción de índices multidimensionales —como el de 51 indicadores del PNUD— como herramienta de rendición de cuentas marca un precedente que podría replicarse en otros países de la región.
