Fundaciones privadas lideran reconstrucción post-terremoto con más de $54.000 millones movilizados
Movilizar más de 54.000 millones de pesos en donaciones privadas en menos de cuatro meses tras un desastre natural representa una señal de madurez del ecosistema filantrópico colombiano. Ese es el resultado que arroja el informe de gestión de una fundación vinculada a la primera dama, correspondiente al periodo comprendido entre julio y octubre de 2026, en respuesta al terremoto del 10 de agosto. El balance documenta una operación humanitaria de escala considerable: 5.652 toneladas de ayuda distribuida, atención a más de 48.000 personas en 80 municipios, más de 30 centros de acopio activos y la participación de más de 1.250 voluntarios y un centenar de empresas privadas.
Desde la perspectiva del gobierno corporativo y la inversión social, el informe revela un dato estructuralmente relevante: el 81% de los recursos provino de un solo grupo empresarial, lo que plantea preguntas sobre la diversificación de fuentes en modelos de respuesta de emergencia. Los gastos administrativos reportados durante el periodo ascendieron a poco más de 11,9 millones de pesos sobre un total recaudado superior a los 54.500 millones, una eficiencia operativa que contrasta con los estándares habituales del sector social. La fundación declaró no haber administrado recursos públicos, un elemento que delimita claramente su naturaleza y su marco de rendición de cuentas ante la sociedad civil.
Hacia la fase de reconstrucción, el modelo operativo transita de la respuesta inmediata hacia proyectos de infraestructura de mediano plazo. Se proyectan intervenciones en seis instituciones en Cali —tres educativas y tres de salud— con un costo estimado de casi 62.000 millones de pesos, además de iniciativas habitacionales en Quibdó, el Eje Cafetero y Dosquebradas. Las proyecciones de impacto apuntan a beneficiar a 3.300 estudiantes y restablecer la atención mensual de aproximadamente 152.000 pacientes. Este tipo de articulación entre filantropía privada, organizaciones sociales y estructuras fiduciarias para canalizar recursos hacia infraestructura pública dañada representa un modelo que organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Foro Económico Mundial han identificado como crítico para fortalecer la resiliencia urbana en América Latina ante eventos climáticos y geológicos de creciente frecuencia.
