Errores bancarios en historial crediticio: cuándo la Justicia niega indemnización
Corregir un error crediticio en menos de una semana puede ser determinante para que un banco evite una condena por daños y perjuicios. Esa es la conclusión práctica de un fallo emitido por un juzgado civil y comercial en Argentina, que desestimó una demanda contra una entidad financiera tras determinar que, pese a haber registrado incorrectamente una deuda ante la Central de Deudores del Banco Central, la corrección fue lo suficientemente oportuna como para no generar daños indemnizables.
El caso ilustra una problemática creciente en el sistema financiero: los errores en la imputación de deudas y su impacto en los historiales crediticios de personas y empresas. En este caso, el cliente había cancelado un paquete de productos bancarios —incluyendo tarjetas de crédito y cajas de ahorro— a través de home banking en julio de 2024. Meses después, el banco le atribuyó una deuda de aproximadamente $40,000 correspondiente a la renovación de una tarjeta ya dada de baja, y reportó esa información a los registros de riesgo crediticio. La consecuencia fue directa: en mayo de 2025, una solicitud de crédito PyME por $30 millones fue rechazada debido a los antecedentes negativos generados por esa deuda errónea. Tras el envío de una carta documento el 28 de agosto de 2025, el banco devolvió el monto imputado en menos de siete días, reconociendo implícitamente el error.
Desde una perspectiva de gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio, el fallo plantea preguntas relevantes para el C-Level del sector financiero y para empresas que dependen del acceso al crédito. ¿Cuál es el umbral temporal que distingue un error corregible de un daño indemnizable? El juzgado consideró que siete días fue un plazo razonable, y que la ausencia de pruebas concretas de perjuicio —más allá del rechazo del crédito— fue insuficiente para sostener la demanda. Para los directivos de instituciones financieras, el caso subraya la importancia de contar con protocolos ágiles de detección y corrección de errores en reportes crediticios, no solo como práctica de servicio al cliente, sino como mecanismo de gestión de contingencias legales. Para las empresas usuarias del sistema financiero, el precedente refuerza la necesidad de monitorear activamente su historial crediticio y documentar con precisión cualquier perjuicio concreto derivado de registros incorrectos, antes de iniciar acciones legales.
