Certificaciones forestales bajo escrutinio ante denuncias de tala en bosques primarios europeos
Denuncias presentadas en el marco de la conferencia de la ONU sobre biodiversidad en Ereván, Armenia, han puesto bajo escrutinio las prácticas de gestión forestal en los Cárpatos rumanos, uno de los últimos ecosistemas de bosque virgen templado dentro de la Unión Europea. Organizaciones como Greenpeace y Agent Green señalan una brecha significativa entre los compromisos públicos de sostenibilidad de grandes corporaciones y las operaciones que sus proveedores ejecutan sobre el terreno, en un país que alberga aproximadamente el 60% de los bosques vírgenes templados que aún subsisten en la UE.
El caso se centra en la sierra de Poiana Rusca, donde activistas documentaron lo que describen como una "destrucción sistemática" de áreas propuestas para protección estricta. El debate de fondo apunta a las limitaciones estructurales de los sistemas de certificación forestal vigentes, particularmente el del Consejo de Administración Forestal (FSC), al que los ecologistas acusan de permitir la extracción de madera en bosques primarios y zonas protegidas. Un informe titulado "El manual que falta" detalla esta discrepancia y exige estándares operativos más estrictos para las empresas que operan en ecosistemas sensibles. Desde la perspectiva regulatoria, el Ministerio de Medio Ambiente de Rumanía ha defendido que las actividades se realizan bajo un plan de "tala progresiva" vigente desde 1998, con medidas de regeneración natural incluidas.
Los datos estructurales refuerzan la gravedad del contexto: desde la caída del comunismo en 1989, Rumanía redujo su superficie forestal de 8.5 millones de hectáreas —equivalentes al 38% del territorio nacional— a entre 6.3 y 6.8 millones, según cifras de la ONU. Entre 2001 y 2024, el país perdió aproximadamente 453,000 hectáreas de cobertura boscosa, un 5.7% de la superficie registrada en el año 2000, de acuerdo con Global Forest Watch. Para los estrategas corporativos y los inversores con criterios ESG, el caso ilustra un riesgo reputacional y regulatorio creciente: a medida que la COP17 sobre biodiversidad intensifica el escrutinio sobre los compromisos ambientales empresariales, la distancia entre las políticas declaradas y las cadenas de suministro reales se convierte en una variable de negocio de primer orden.
