Pobreza en América Latina: por qué el progreso se estancó y qué viene ahora
América Latina y el Caribe enfrentan un punto de inflexión en su agenda de desarrollo social. Tras dos décadas de avances sostenidos en la reducción de la pobreza, la región registra una desaceleración preocupante que pone en riesgo los logros acumulados y obliga a replantear los instrumentos de política pública disponibles.
Entre 2008 y 2023, la pobreza multidimensional en la región disminuyó del 45.8% al 25.4%, impulsada principalmente por mejoras en el acceso a internet, educación de adultos y servicios de saneamiento. Sin embargo, ese ritmo de avance se ha estancado. Michelle Muschett, directora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para América Latina y el Caribe, advirtió que la pobreza no puede medirse únicamente en términos económicos: sus efectos sobre la productividad laboral y la seguridad pública representan externalidades que los modelos tradicionales de intervención no han logrado capturar con suficiente precisión. La pobreza multidimensional afecta de manera desproporcionada a poblaciones rurales, menores de edad y comunidades indígenas, segmentos que históricamente han quedado al margen de los mecanismos de transferencia social convencionales.
El debate sobre cómo recalibrar estas estrategias ha reunido a exjefes de Estado y organismos multilaterales en torno a una premisa común: la lucha contra la pobreza debe convertirse en política de Estado, con continuidad institucional que trascienda los ciclos electorales. Desde la experiencia chilena, se ha subrayado que la inclusión de las poblaciones afectadas en los procesos de toma de decisiones es condición necesaria —no suficiente— para generar impacto sostenible. Desde la perspectiva colombiana, se reconoce que los avances en seguridad y confianza inversionista pueden coexistir con rezagos estructurales cuando no se desmantelan las economías ilegales que perpetúan la exclusión. Organismos como el PNUD, la CEPAL y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) coinciden en que la próxima frontera de intervención exige coordinación interinstitucional más sofisticada, mayor granularidad en el diagnóstico territorial y mecanismos de financiamiento que soporten horizontes de largo plazo, independientemente de la volatilidad política de cada ciclo de gobierno.
