Políticas integradas de desarrollo: el reto pendiente de América Latina ante la pobreza persistente
América Latina y el Caribe atraviesan una paradoja estructural que preocupa a estrategas y tomadores de decisiones: el gasto público agregado en políticas sociales representa entre el 11% y el 12% del PIB regional, pero ese esfuerzo fiscal no se traduce en una reducción significativa de la pobreza ni en una disminución real de la vulnerabilidad. Así lo advierte el Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2025, que señala que cerca de la mitad de los países de la región registran niveles de pobreza superiores a los de 2019, revirtiendo décadas de avances en desarrollo humano.
Esta desconexión entre inversión pública y resultados sociales será el eje central de análisis en el XVIII Foro Ministerial sobre Desarrollo, que reunirá en Panamá a autoridades gubernamentales, organismos multilaterales y expertos regionales bajo el lema 'Conectando políticas para un desarrollo resiliente'. Organizado con el respaldo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el encuentro abordará la necesidad de superar enfoques sectoriales aislados frente a crisis interrelacionadas: baja productividad, desigualdad territorial, precariedad laboral y presión sobre los sistemas de protección social. Las disparidades son especialmente agudas en zonas rurales, comunidades indígenas y áreas urbanas marginadas, donde la vulnerabilidad persiste incluso en ciclos de crecimiento económico.
Para los estrategas corporativos e inversores con exposición en mercados latinoamericanos, el debate sobre sostenibilidad fiscal de la protección social —incluyendo sistemas de pensiones y salud— tiene implicaciones directas en la estabilidad de largo plazo de los entornos de negocio. La erosión de la confianza institucional y la fragilidad económica de amplios segmentos de la población representan riesgos sistémicos que afectan la demanda interna, la cohesión social y la gobernanza. Recalibrar las estrategias de desarrollo con una visión integral —que conecte políticas económicas, laborales, sociales y ambientales— no es solo un imperativo de política pública, sino una condición estructural para que la región opere cerca de su potencial real de crecimiento.
