Radón en minería: el riesgo radiactivo natural que exige regulación urgente
Detrás de cada proyecto minero orientado a la extracción de minerales críticos existe una dimensión sanitaria que suele quedar fuera del debate estratégico: la presencia de materiales radiactivos de origen natural, conocidos como NORM (Naturally Occurring Radioactive Materials). Algunos minerales y sus residuos asociados contienen radionucleidos que se redistribuyen o concentran durante las operaciones extractivas, generando exposiciones potenciales que requieren caracterización, medición y control sistemático. Ignorar este vector de riesgo no solo compromete la salud de los trabajadores y las comunidades aledañas, sino también la viabilidad social y regulatoria de los proyectos a largo plazo.
Entre los agentes de mayor preocupación destaca el radón, un gas radiactivo incoloro e inodoro que puede liberarse del suelo y acumularse en espacios cerrados como galerías, plantas de procesamiento y zonas de almacenamiento de residuos. Sus descendientes radiactivos, al ser inhalados, se depositan en las vías respiratorias y constituyen un factor de riesgo reconocido para el cáncer de pulmón, riesgo que se multiplica de forma significativa en trabajadores fumadores. La Organización Mundial de la Salud estima que el radón es la segunda causa de cáncer de pulmón a nivel global, después del tabaco, y la principal en personas no fumadoras. En contextos como el peruano, donde EsSalud ha registrado más de 6,300 casos de cáncer de pulmón, la dimensión ambiental y ocupacional de esta enfermedad merece una evaluación rigurosa y basada en evidencia territorial.
Frente a este panorama, resulta urgente que los organismos reguladores aceleren el desarrollo de marcos normativos específicos para NORM en actividades mineras y de procesamiento de minerales. Un marco eficaz debe responder preguntas concretas: qué radionucleidos están presentes en cada material, cuál es su comportamiento tras el procesamiento, qué condiciones favorecen la generación de polvo inhalable o la acumulación de radón, y cómo se gestionarán los residuos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. La normativa debe identificar con claridad a los responsables de las evaluaciones, establecer métodos de medición confiables, definir umbrales de intervención y garantizar mecanismos de verificación accesibles para empresas, trabajadores y comunidades. La protección de la salud pública en la minería del siglo XXI no puede depender de marcos regulatorios genéricos: exige especificidad técnica, supervisión continua y transparencia informativa como condiciones no negociables para la operación.
