Disparidades tarifarias en el transporte público argentino: quién paga más y por qué
Cinco ciudades argentinas del interior del país han cruzado una barrera tarifaria que revela una fractura estructural en el sistema de transporte público nacional. Bariloche lidera con un boleto mínimo de 2.333 pesos, seguida por Córdoba y Rosario (2.150 pesos cada una), Santa Fe (2.111 pesos) y Bahía Blanca (2.041 pesos). La tarifa media ponderada del interior se ubica en 1.824 pesos, con ciudades como Corrientes, Resistencia y Rawson por encima de ese promedio. En el extremo opuesto, La Rioja (1.000 pesos), Comodoro Rivadavia (1.114 pesos) y San Luis (1.200 pesos) representan los mercados más accesibles del país.
El punto de inflexión fue febrero de 2024, cuando el gobierno nacional eliminó el Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior. Esa decisión transfirió la carga tarifaria a los gobiernos locales y provinciales, que respondieron con aumentos que, en términos reales, colocan los boletos del interior un 50% por encima de los valores de 2019. El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) siguió una trayectoria distinta: sus tarifas son aún un 9% más bajas en términos reales respecto a marzo de 2019, aunque el costo relativo ya supera al de Bogotá, Montevideo y Santiago de Chile, quedando solo por debajo de San Pablo entre las grandes ciudades de la región. Dentro del AMBA, la estructura es heterogénea: el boleto mínimo en la Ciudad de Buenos Aires es de 920 pesos, en el Gran Buenos Aires de 1.215 pesos, el subte porteño cuesta 1.817 pesos y el tren mínimo se ubica en 450 pesos.
Para los segmentos más vulnerables, el impacto es doble. La tarifa social —que cubre jubilados, titulares de la Asignación Universal por Hijo, empleadas domésticas y veteranos de Malvinas— ha visto erosionado su beneficio efectivo: el descuento real cayó al 46%, casi 10 puntos porcentuales por debajo del nivel registrado en junio, como consecuencia directa de los aumentos tarifarios. La Resolución 40/2026 estableció un tope al descuento aplicable, lo que limita su alcance protector en un contexto de ajuste. Se mantiene, por ahora, la bonificación del 55% para trenes y colectivos de jurisdicción nacional mientras sus tarifas no se actualicen. Para los estrategas de política pública y los inversores en infraestructura de movilidad urbana, este mapa tarifario anticipa presiones sociales crecientes y una demanda latente de soluciones alternativas de transporte en las ciudades del interior.
