Sostenibilidad de pensiones ante el envejecimiento: por qué el empleo y los salarios son clave
Garantizar la viabilidad financiera de los sistemas públicos de pensiones se ha convertido en uno de los desafíos estructurales más complejos para las economías en proceso de envejecimiento. México no es la excepción: la generación que se aproxima al retiro es considerablemente más numerosa que las cohortes jóvenes que ingresan al mercado laboral, lo que plantea una pregunta central para estrategas de política pública y directivos del sector financiero: ¿cómo se financiarán las prestaciones de un número creciente de pensionistas si la población activa no crece al mismo ritmo?
Una herramienta conceptual que permite analizar esta dinámica con rigor es el Modelo de Generaciones Solapadas (Overlapping Generations Model, OLG), desarrollado originalmente por el economista francés Maurice Allais en 1947 y formalizado por el premio Nobel Paul Samuelson en 1958. Este modelo parte de la premisa de que en una economía coexisten personas en distintas etapas de vida, cada una con necesidades e ingresos diferenciados, y que las decisiones de una generación condicionan directamente las condiciones de las demás. Aplicado a los sistemas de reparto —como el vigente en México—, el OLG evidencia que la sostenibilidad del sistema depende de tres variables críticas: el número de cotizantes activos, el nivel de sus aportaciones y la cantidad de beneficiarios que reciben prestaciones. Cuando la proporción de trabajadores respecto a pensionistas se contrae, la presión financiera sobre el sistema se intensifica, particularmente si los ingresos por cotizaciones no compensan esa reducción.
Sin embargo, el deterioro de la razón cotizante-jubilado no condena automáticamente al sistema al desequilibrio. Desde la perspectiva del OLG, dos palancas macroeconómicas resultan determinantes: la creación sostenida de empleo formal y el incremento real de los salarios. Un mercado laboral dinámico amplía la base de cotizantes, mientras que salarios más altos elevan el volumen de aportaciones por trabajador, compensando parcialmente la presión demográfica. El aumento de la esperanza de vida —que extiende el período de percepción de pensiones— añade urgencia a estas medidas. Para los líderes empresariales y tomadores de decisiones, esto implica que las políticas de formalización laboral, productividad y remuneración no son únicamente asuntos de competitividad microeconómica, sino variables con impacto directo en la arquitectura financiera del sistema de seguridad social a largo plazo.
