Economía cubana bajo presión: contracción, dolarización y perspectivas de crecimiento
Dos años consecutivos de contracción económica definen el panorama actual de Cuba: en 2024, el PIB retrocedió un 1.1%, acumulando una caída del 11% entre 2020 y 2024. En este contexto, el tipo de cambio del dólar estadounidense frente al peso cubano se sitúa en torno a los 24 pesos, con una volatilidad del 2.02%, por debajo del umbral de referencia del 2.9%, lo que sugiere una fase de relativa estabilidad cambiaria en medio de una economía estructuralmente fragilizada.
Para 2026, las autoridades proyectan un crecimiento del 1%, sustentado principalmente en la recuperación del turismo y los ingresos por exportación de servicios médicos, sector que continúa siendo el principal generador de divisas del país. Sin embargo, el gobierno reconoce que operará en un entorno que ha denominado "economía de guerra", con tensiones externas e internas que podrían intensificarse. El déficit fiscal estimado asciende a 74,500 millones de pesos cubanos —equivalentes a aproximadamente 3,100 millones de dólares al tipo de cambio oficial para empresas—, una cifra similar a la del ejercicio anterior y que refleja la persistencia de desequilibrios estructurales profundos.
Entre los factores que complican la estabilización macroeconómica destacan la escasez de productos básicos, los cortes eléctricos recurrentes, una inflación interanual que cerró 2025 en 14.07% y una creciente dolarización informal de la economía. A esto se suma una presión migratoria sostenida que reduce la fuerza laboral disponible. En materia monetaria, el país completó en enero de 2021 su proceso de unificación cambiaria con la eliminación del peso cubano convertible, aunque las distorsiones generadas por décadas de dualidad monetaria siguen condicionando la dinámica del mercado informal de divisas. Ante este escenario, el gobierno ha señalado su intención de ofrecer condiciones "más dinámicas y transparentes" para atraer inversión extranjera, aunque los analistas advierten que la credibilidad institucional y la complejidad del entorno regulatorio siguen siendo obstáculos significativos para cualquier estrategia de apertura.
