Brecha tarifaria del gas natural entre capital y regiones frena expansión energética nacional
Perú cerró 2025 con 2.59 millones de conexiones de gas natural, pero la señal más relevante no está en el acumulado sino en la tendencia: solo se incorporaron 147 mil nuevos usuarios durante el año, frente a los 279 mil de 2024 y los 288 mil de 2023. La desaceleración es sostenida y responde a una asimetría estructural que las distribuidoras del norte del país han colocado en el centro del debate regulatorio: Lima paga significativamente menos por el gas que el resto del territorio nacional, y esa brecha está erosionando la viabilidad de la expansión hacia regiones.
El modelo que permitió masificar el gas en la capital fue posible gracias a clientes ancla de alto consumo —principalmente las centrales termoeléctricas de Chilca— que justificaron las inversiones iniciales en ductos y redes de distribución. Con esa base de demanda garantizada, la empresa distribuidora pudo ampliar progresivamente su cobertura hacia hogares, comercios e industrias. En las regiones del norte, ese punto de partida no existe: la baja densidad industrial, la ausencia de grandes consumidores conectados a red y la dependencia del gas natural licuado (GNL) o comprimido (GNC) transportado por carretera elevan el costo unitario de distribución y reducen el atractivo para nuevas inversiones. Promigas, matriz de las concesiones que operan en Áncash, La Libertad, Lambayeque, Cajamarca y Piura, ha formalizado esta diagnosis en un informe sectorial que advierte sobre el estancamiento del modelo actual.
En abril de 2025 entró en vigor la Ley 32315, que buscaba establecer una tarifa nivelada a nivel nacional para compensar las diferencias de costo entre Lima y el interior del país. Sin embargo, el alcance de la norma fue recortado durante su tramitación legislativa: el tope de consumo para acceder a la compensación se redujo de 900 mil metros cúbicos mensuales a 50 mil, lo que excluye a industrias, comercios de alto consumo y estaciones de gas natural vehicular —precisamente los perfiles de usuario que podrían actuar como ancla de demanda en regiones. A esto se suma que la ley aún no cuenta con reglamento, por lo que su implementación permanece suspendida. Para los estrategas del sector energético y los tomadores de decisión en política pública, el escenario plantea una pregunta de fondo: sin un mecanismo de nivelación tarifaria que incluya a los grandes consumidores regionales, ¿puede sostenerse un modelo de expansión basado únicamente en subsidios a usuarios residenciales? Las reservas probadas de gas, que se redujeron a 6,639 giga pies cúbicos, añaden urgencia a la necesidad de definir un esquema regulatorio que haga viable la inversión en infraestructura fuera de la capital antes de que la ventana de oportunidad se estreche aún más.
