Hambre cero en el Caribe: cómo una nación salió del mapa de la desnutrición
Dos décadas de políticas públicas sostenidas colocaron a República Dominicana en una posición inédita para la región: según el reporte 2026 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la prevalencia del hambre en el país se ubica por debajo del 2.5% para el periodo 2023-2025, umbral que define oficialmente la salida del mapa global del hambre. El dato contrasta de forma significativa con los promedios regionales: el Caribe registra 16.6%, América Latina y el Caribe en su conjunto alcanza 4.8%, y el promedio mundial se sitúa en 7.8%.
El economista jefe de la FAO, Máximo Torero, advirtió que el logro no debe oscurecer desafíos estructurales de mayor complejidad. Aproximadamente el 16.2% de la población dominicana —cerca de 1.9 millones de personas— no puede costear una dieta saludable, cifra que refleja un problema de alcance global que afecta a 2,700 millones de personas en todo el mundo. A esto se suma una doble carga nutricional: el sobrepeso impacta entre el 7% y el 8% de los menores de cinco años, mientras que uno de cada tres adultos vive con obesidad. Para los estrategas de salud pública y los líderes empresariales del sector agroalimentario, este escenario señala que erradicar el hambre calórica es solo el primer piso de una agenda de seguridad nutricional mucho más compleja.
Desde una perspectiva de política pública aplicable a otros mercados emergentes, el caso dominicano ofrece una lección de continuidad institucional: la reducción sostenida del hambre requiere compromisos que trascienden los ciclos electorales y se apoyan en la colaboración entre gobierno, sector agrícola y organismos internacionales. Para inversores y consultores de transformación que operan en la región, el modelo sugiere que las apuestas de largo plazo en infraestructura alimentaria, cadenas de valor agrícola y programas de nutrición tienen retornos sociales y económicos medibles. La pregunta que queda abierta para la próxima década es si la región puede replicar este modelo a escala, especialmente en contextos donde la volatilidad política y el cambio climático presionan simultáneamente los sistemas alimentarios.
