Eficiencia energética en edificios: el nuevo eje de la política climática global
Edificios responsables de aproximadamente el 40% de las emisiones de carbono y de la demanda energética mundial están en el centro de un nuevo marco internacional de acción climática. El Pacto de Antalya para Edificios Energéticamente Eficientes, presentado en el contexto de la cumbre climática COP31, establece metas concretas para electrificar y eficientizar el parque habitacional global, con un horizonte de transformación que alcanza hasta 2050.
El acuerdo, desarrollado con el apoyo de la Alianza Mundial para la Construcción (GlobalABC), fija dos objetivos cuantitativos centrales: reducir en un 25% la intensidad energética operativa de las viviendas respecto a los niveles de 2020, y elevar la participación de la electricidad en el consumo final de energía global al 35% para 2035. Para lograrlo, el pacto articula seis áreas de acción que van desde la integración de la eficiencia energética en estrategias nacionales hasta la movilización de financiamiento a gran escala. Esto incluye la aceleración de renovaciones de inmuebles existentes y la electrificación de sistemas de calefacción, refrigeración, cocinas y electrodomésticos, sectores que hoy dependen mayoritariamente de combustibles fósiles. Según Yves-Laurent Sapoval, copresidente de GlobalABC, "la mitad de los edificios que existirán en 2050 aún no se han construido", lo que subraya tanto la magnitud del reto como la ventana de oportunidad para diseñar desde el origen con estándares de eficiencia superiores.
Para estrategas corporativos e inversores en América Latina, las implicaciones son inmediatas. Los mercados inmobiliarios de la región enfrentan una doble presión: por un lado, la creciente exigencia regulatoria alineada con compromisos climáticos internacionales; por otro, una demanda creciente de activos con certificaciones de sostenibilidad que ya incide en valuaciones y acceso a financiamiento verde. Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), los edificios eficientes pueden reducir el consumo energético entre un 30% y un 50% respecto a construcciones convencionales, lo que se traduce en menores costos operativos y mayor resiliencia ante la volatilidad de precios energéticos. Gobiernos, desarrolladores e instituciones financieras que anticipen este marco normativo tendrán ventaja competitiva en un mercado que, según proyecciones de McKinsey, requerirá inversiones globales de hasta 1.8 billones de dólares anuales en infraestructura sostenible hacia 2030.
