Fondos bloqueados en minería: cuando los procesos concursales prolongados paralizan a miles de acreedores
Procesos concursales que se extienden por más de una década representan uno de los mayores riesgos operativos y reputacionales en la minería latinoamericana. El caso del Complejo Metalúrgico de La Oroya, en Perú, ofrece una radiografía de cómo la acumulación de disputas legales, cambios de liquidadores y conflictos entre acreedores puede inmovilizar activos durante años, afectando a miles de personas que esperan el cobro de sus acreencias.
En el centro de la controversia se encuentran cerca de 19.41 millones de dólares retenidos en un fideicomiso administrado por una institución financiera internacional, cuya liberación está condicionada a la resolución de múltiples litigios simultáneos. Aproximadamente 3,500 extrabajadores aguardan el pago de beneficios correspondientes a servicios prestados antes del inicio del concurso, mientras proveedores como Depósitos Químicos Mineros reclaman pagos por servicios prestados durante la fase de liquidación, respaldados por laudos arbitrales emitidos por la Cámara de Comercio de Lima. La intervención del Ministerio de Energía y Minas añade una dimensión regulatoria que complejiza aún más la negociación entre partes. Según datos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), los procesos concursales en sectores extractivos tienden a extenderse significativamente más allá del promedio nacional cuando involucran activos ambientalmente sensibles y múltiples clases de acreedores.
Para los estrategas corporativos e inversores con exposición al sector minero latinoamericano, este caso subraya la importancia de incorporar el riesgo concursal como variable central en la evaluación de activos. La experiencia peruana evidencia que la ausencia de marcos ágiles de resolución no solo deteriora el valor de los activos en liquidación, sino que genera externalidades sociales de largo plazo. McKinsey & Company ha señalado en sus análisis sobre mercados emergentes que la predictibilidad jurídica es uno de los tres factores determinantes para la atracción de inversión sostenida en sectores extractivos. Cuando esa predictibilidad falla, el costo lo absorben invariablemente los acreedores más vulnerables: los trabajadores.
